Lo que se anunciaba se ejecutó con una velocidad impresionante y calculada para inhibir cualquier reacción popular bien organizada. La frialdad de la ejecución y la arrogancia de quienes propinaron este golpe parlamentario contra la soberanía del pueblo paraguayo, son una muestra más de que la derecha endógena e internacional, en estrecha y servil connivencia con los intereses imperiales no quiere admitir el avance de los procesos de transformación social en marcha en Nuestra América. Las causas esgrimidas contra el Presidente Fernando Lugo, elegido soberanamente por el pueblo paraguayo, constituyen realmente una bofetada al mínimo decoro y a la propia legalidad. En 24 horas se le acusó despreciando toda necesidad de pruebas, se le impidió el derecho a la debida defensa y se le dictó una sentencia que ya estaba preparada desde mucho antes de que se iniciara el supuesto juicio. Cínicamente y amparadas en el control total del poder legislativo, 122 personas deciden por encima del pueblo entero del Paraguay quién puede gobernar o no la República. Acción que además ya venía siendo preparada desde el año 2009 en perfecto acuerdo con la embajada de Estados Unidos en Paraguay, como lo revelaron en su momento cables dados a conocer por WikiLeaks y en las que era manifiesta la participación del Vicepresidente Federico Franco.
En 2011, Estados Unidos logró instalar un centro de operaciones en la zona norte, cercana a Curuguaty, donde no han cesado las persecuciones al movimiento campesino con el pretexto de combatir al EPP, grupo guerrillero del que nunca se ha comprobado la existencia. Es la misma región de interés de Cargill y Monsanto, que hoy impulsan un golpe de Estado para instaurar un gobierno a la medida de sus necesidades.
Ante esta arremetida de los intereses imperiales, de las transnacionales del agro, de las oligarquías terratenientes y de la derecha stroessnerista y sus inefables medios de comunicación contra el derecho del pueblo paraguayo a decidir soberanamente su destino; y ante una arremetida que está también claramente dirigida contra UNASUR y contra todos los procesos de unidad de Nuestra América, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad no puede menos que condenar de forma enérgica el Golpe de Estado perpetrado contra el Presidente Constitucional del Paraguay Fernando Lugo y exigir la aplicación de las cláusulas democráticas establecidas en los estatutos de Mercosur, Unasur y la Celac. Igualmente, respaldamos la posición asumida y defendida por los Presidentes del Alba-TCP y llamamos al pueblo latinoamericano y caribeño, y a otros pueblos en lucha, a manifestarse de manera firme contra esta nueva violación de la soberanía popular.
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Sobre El Principio Democrático y El Golpe de Estado en Paraguay
Fernando Lugo, Presidente depuesto de Paraguay
Por Iván Ernesto Gatón, Santo Domingo, sábado 23 de junio 2012.Tomando una serie de argumentos, que se basan en el artículo 225 de la constitución paraguaya, violando el debido proceso, le fue dado un golpe de Estado al Presidente electo del Paraguay, el ex obispo católico, Fernando Lugo. En tan solo 30 horas, este fue juzgado y sentenciado por un parlamento opositor, dominado por el conservador partido Colorado y Partido Liberal, al que pertenece el vicepresidente opositor Federico Franco, quien sustituyó a Lugo en la primera magistratura del Estado.
La aplicación de la Carta Democrática, instrumento jurídico vinculante, de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la cláusula Democrática de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), es el principal escollo que los golpistas encontrarán para poder salir airosos de su osada e injustificada maniobra de destituir con un golpe congresual al Presidente electo por el pueblo paraguayo.
Lo que podría considerarse como un libelo acusatorio, es la acusación de la Cámara de diputados, en su resolución Número 1431-2012, que se refiere al sometimiento de juicio político al Presidente, por mal desempeño de sus funciones por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos cometidos o por delitos comunes. La acusación, puede ser formulada por la Cámara de diputados por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de diputados y, en su caso, declararlos culpables al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.
Las acusaciones que motivaron el juicio político son los siguientes:
1. Acto político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, en el año 2009, que según la oposición política, contó con autorización del Presidente Lugo, se realizó una concentración política de jóvenes socialistas en el Comando de Ingeniería, que fue financiada por instituciones del Estado.
2. Caso Ñacunday: En este se acusa al Presidente Lugo de ser un instigador y un apoyador, de los movimientos que promueven las invasiones de tierras en la zona de Ñacunday.
3. La Inseguridad. Se acusa al Presidente Lugo, de no haber ejecutado programa que mejoren la seguridad ciudadana, a pesar de los importantes recursos financieros que le fueron proveídos por el congreso para potenciar a la fuerza pública. Se ha acusado, al gobierno de Lugo, no solo de haber llevado a cabo acciones cuyos resultados han sido insatisfactorios, sino también, de falta de voluntad para combatir al Ejercito del Pueblo Paraguayo, que según el congreso, se ha convertido en un azote para los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro.
4. Protocolo de Ushuia II. Este documento es el que aprueba que los países vecinos pudieran cortar el suministro de energía a la república del Paraguay, si son violados los principios del orden democrático institucional. Este protocolo, está previsto en la Cláusula Democrática del Mercosur, que tienen sus orígenes en un documento previo presentado ante UNASUR, y que según el congreso paraguayo, fue pergeñada por los Presidentes de la región para protegerse unos a otros.
5. Caso matanza Curuguaty: El Presidente Lugo, es acusado de los trágicos eventos, acaecidos el 15 de junio, que costaron la vida de 17 ciudadanos paraguayos, entre campesinos y policías.
El Secretario General de la UNASUR, el venezolano, Ali Rodríguez Araque, planteó en Montevideo, que: “fue un golpe parlamentario, apenas un grupo de senadores deciden la destitución de alguien electo por votación nacional”. De igual forma, el Secretario general de la UNASUR, acusó a los parlamentarios, de no habérsele permitido el derecho a la legítima defensa, debido a la notoria celeridad con la que se llevó a cabo el proceso de destitución.
La Unasur, en su cláusula democrática, prevé el corte de todo tipo de transito, tanto marítimo, terrestre y aéreo, en los países que se quiebre el orden institucional establecido.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), y su Carta Democrática Interamericana, prevén, en su artículo 20, lo siguiente: “En caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará a la Asamblea General para que esta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el Derecho Internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
Artículo 21: “Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos. Adoptando la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado”.
Las perspectivas, desde la OEA, no son las mejores, para los golpistas paraguayos. En un comunicado, que emitiera el Secretario General de la organización, el chileno José Miguel Insulsa, expresó. Aunque formalmente apegado a la ley”, el juicio realizado en el senado paraguayo el viernes que derivó en la destitución de Lugo, “no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa”.¨
Lo cierto es, desde la perspectiva de los instrumentos jurídicos vinculantes, como la Carta Democrática de la OEA, la cláusula Democrática de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), y la cláusula democrática del Mercosur, la conspiración de sectores opuestos al destituido Presidente Lugo, no tiene elementos que permitan su justificación, y convalidación por la comunidad internacional. De no condenarse este golpe de estado parlamentario, los gobiernos de la región que lleven a cabo medidas que no sean del agrado de escleróticos y retrógrados sectores de poder, pondrán sobre sí mismos una espada de Damocles que, en cualquier momento , caerá sobre sus cabezas.
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Río+20, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible terminó con más sombras que luces.
Las delegaciones que han asistido a la Cumbre de la Tierra Río+20 han renovado compromisos pasados y han acordado afrontar nuevos retos, pero no han dado forma definitiva a los instrumentos que deben ayudar a superarlos. Si bien no se ha retrocedido, los avances han sido limitados.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) terminó con más sombras que luces. Los dos grandes temas de debate -la economía verde y la reforma del marco institucional para el desarrollo sostenible- han recibido un impulso débil. Nada parecido a lo que se consiguió en la Cumbre de la Tierra de 1992 de dónde salieron acuerdos y tratados (Agenda 21, Convención sobre Diversidad Biológica, Convención Marco sobre el cambio climático) que marcaron las políticas públicas en todo el mundo durante las décadas siguientes.
Largo camino para la economía verde La lucha contra la pobreza se ha destacado como uno de los principales retos de cara al futuro. Naciones Unidas ha reclamado a todos los países a responder al reto de hambre cero. Una de cada 5 personas del planeta viven en la extrema pobreza. Sin embargo, en Río+20 no se han llegado a establecer metas concretas que sirvan para dar continuidad a los Objetivos del Milenio, centrados en erradicar la pobreza, más allá del 2015. Cabe recordar que desde el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente (PNUMA) se pidió que la cumbre dibujara objetivos cuantificables en todos los campos relacionados con la sostenibilidad.
La definición de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible que integren las tres principales dimensiones de la sostenibilidad, la económica, la social y la ambiental, ha quedado pendiente.
La economía verde es para Naciones Unidas una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza y a la vez conlleva beneficios ambientales, ya que implica una menor dependencia de los combustibles fósiles. Hay una conciencia generalizada de que hay que ir disminuyendo el apoyo económico a estos combustibles. Pero esto no se ha traducido en un plan para hacer efectivo este objetivo.
El compromiso de iniciar una transición universal hacia una economía verde no ha sido posible por varias razones. Primero, porque existen diferentes visiones en el escenario internacional sobre las implicaciones de este concepto. Algunos grupos se oponen por razones ideológicas: sostienen que es una estrategia más del capitalismo para imponer su modelo. Algunos países cercanos a los movimientos indigenistas y estos propios movimientos tampoco son favorables porque ven el dominio del Norte contra el Sur pobre. Los países en desarrollo representados por el G-77 no son contrarios, pero consideran que una transición hacia la economía verde pide una adaptación a cada contexto y una inyección de recursos económicos (unos 30 mil millones de dólares al año) que, en estos momentos de crisis, los países más ricos no están dispuestos a pagar.
Por otro lado, el cambio climático -favorecido por los combustibles fósiles- no ha sido objeto de mucha atención en Río+20. Este tema tiene una presencia mínima en el documento final. Sobre el cambio de modelo en producción y consumo sólo se ha llegado a la conclusión de que es "indispensable". No se ha trazado una hoja de ruta para llegar.
Reforma institucional a medias
En cuanto al cambio del marco institucional para mejorar la gobernanza mundial en el desarrollo sostenible, la Unión Europea lideraba la defensa de la creación de una Agencia de Naciones Unidas especializada y con presupuesto propio, pero los EE.UU. y Canadá se opusieron. De las principales opciones posibles - una nueva agencia de medio ambiente, un consejo dentro de las Naciones Unidas, como el Consejo Económico y Social, o el mismo PNUMA con un nuevo mandato reforzado- se ha elegido la última. Todas las opciones habían sido valoradas en un estudio previo por Naciones Unidas.
De esta manera, el PNUMA incrementará su presupuesto; tendrá poderes para impulsar la investigación científica y para coordinar todas las estrategias ambientales a nivel global. También se ha acordado establecer un foro de alto nivel para coordinar el desarrollo sostenible, pero su forma concreta no ha sido definida. Este foro deberá sustituir a la actual Comisión para el Desarrollo Sostenible.
Otros objetivos que se han fijado son: detener la pérdida de biodiversidad; mantener y restaurar los niveles de las pesquerías en los océanos; seguir incrementando el acceso de las poblaciones al agua potable; hacer compatible el apoyo a la actividad minera con el impacto ambiental. Para conocer en detalle el grado de compromiso al que se llegó en cada tema, se puede consultar el contenido del documento final El futuro que queremos.
Causas del avance limitado
El avance limitado de Río+20 tiene su explicación de fondo en las diferencias entre los países y su explicación inmediata en las dificultades encontradas en las negociaciones previas a la conferencia. De esta manera, en el tercer comité preparatorio Prepcom III -el último antes de la conferencia- se llegó a un nivel de consenso muy bajo sobre el contenido del borrador del documento final. Esto hizo peligrar el resultado final de la cumbre. Entonces, el presidente de la oficina por el proceso preparatorio de Río+20, John Ashe, pidió al país huésped, Brasil, que promoviera el consenso entre delegaciones. Brasil lo hizo elaborando un texto con los contenidos simplificados del cual se omitieron todos los párrafos que eran motivo de desacuerdo. La decisión afectó a aspectos clave, como los medios para implementar la economía verde.
Este documento rebajado fue el que entró a la conferencia causando una gran decepción entre los representantes de la sociedad civil, en especial entre los grupos ambientalistas. Estos colectivos denunciaron el uso una terminología poco concreta. Se referían sobre todo a la presencia de un gran número de verbos -como reconocer, entender o alentar- como ejemplo de vacuidad semántica y compromiso puramente retórico.
La prensa mundial también se mostró crítica con el texto y la más incisiva, como es el caso del diario The Guardian de Londres, subrayó la ausencia de medios de implementación que permitan llevar a cabo los acuerdos. Incluso el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó al inicio de la cumbre que esperaba "un documento más ambicioso" por parte de las delegaciones. Brasil, por su parte, lo valoró como "satisfactorio".
Los encuentros plenarios con las delegaciones, con el nombre de Looking at the way forward in Implementing the expected outcomes of the Conference, podían haber servido para hacer ganar amplitud y compromiso el texto de El futuro que queremos y superar sus limitaciones, pero no fue así. Paralelamente a los plenarios, las delegaciones discutieron los temas de la cumbre y el mismo texto del documento final en mesas redondas. Tampoco aquí hubo avances. Este documento recoge las posiciones más destacadas de estas reuniones.
Apuesta por el realismo
Naciones Unidas ha tenido que asumir este resultado final seguramente para evitar una derrota mayor. De todas formas, el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon dijo en la ceremonia de clausura de Río+20 que "Los discursos han terminado. Ahora empieza el trabajo", calificando la cumbre de "sólida plataforma sobre la cual se puede construir". En su parlamento, también pidió a las delegaciones que se basen en los compromisos asumidos durante la cumbre para conseguir la prosperidad económica, ambiental y social.
El secretario general de Naciones Unidas también recordó que el esfuerzo no sólo corresponde a los gobiernos, sino que implica "a las empresas más grandes del mundo, a las organizaciones filantrópicas, y los jóvenes voluntarios que son parte de un creciente movimiento global para el cambio." En esta cumbre las delegaciones estatales han podido escuchar las recomendaciones hechas por los representantes de la sociedad civil. "Nuestro trabajo-subrayó Ban Ki-moon-es crear una masa crítica, un impulso irresistible y el camino es largo y difícil".
Medidas positivas
A pesar de la falta de grandes acuerdos estratégicos, Río +20 ha permitido adoptar una serie de medidas positivas de cara al desarrollo sostenible. Así, los grandes bancos de desarrollo del sistema de Naciones Unidas han acordado invertir 175.000 millones de dólares en transporte sostenible durante la próxima década.
Igualmente, se ha producido un elevado número de compromisos voluntarios por parte de diferentes actores (gobiernos, organismos de Naciones Unidas, grupos de la sociedad civil) con el objetivo de adoptar medidas concretas en diferentes campos de la sostenibilidad. En este contexto, Cataluña se ha comprometido con la generación de empleo dentro de la economía verde.
Aunque no es un producto de la cumbre, Ban Ki-moon divulgó la tarea que se está haciendo a nivel mundial a favor de la energía sostenible a través de la iniciativa Energía Sostenible para Todos. Lanzada por Naciones Unidas en septiembre de 2011, reúne a gobiernos, empresas y grupos de la sociedad civil para hacer que los sistemas de energía del mundo sean más accesibles, eficientes y limpios. En estos momentos-según se anunció-hay 100 compromisos en este ámbito.
Después de Río+20 la prensa mundial ha recogido cientos de juicios sobre los resultados obtenidos. Una de las aportaciones más originales la constituye la de los analistas Frances G. Beinecke, Presidente del Natural Resources Defense Council, y Trip Van Noppen, Presidente de Earthjustice. En un artículo en el New York Times afirman que "Sería equivocado valorar la cumbre como un fracaso". Los autores sostienen que ha servido para descubrir las limitaciones manifestadas por los poderes políticos y económicos, y para darse cuenta que corresponde a la ciudadanía tomar la iniciativa en el desarrollo sostenible. En este sentido califican la cumbre de "catalizador" y de "punto de partida".
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El fin del progresismo: Cristina se reunió con la polémica Monsanto en EEUU
Cristina Fernandez de Kirchner, Presidenta de Argentina
http://www.estrella-verde.com/2012/06/cristina-se-reunio-con-la-polemica.htmlLa firma Monsanto es la encarnación del mal para los medios alineados al kirchnerismo, con Página/12 y Tiempo Argentino a la cabeza. En ellos, se la ha acusado de evadir impuestos, contaminar la tierra, provocar cáncer —por la utilización de transgénicos— y hasta aparecer en los célebres cables de Wikileaks para hacer lobby contra la honestidad empresaria. Docenas de artículos han aparecido en los medios oficialistas, todos ellos con duras críticas hacia esa empresa, a la cual han utilizado como “cabeza de turco” a efectos de golpear al campo.
Ello parece no haber amedrentado a Cristina Kirchner, ya que en las últimas horas se reunió en Nueva York con directivos de esa multinacional y dio un encendido discurso de apoyo a la misma (ver texto y video al pie). Sus capitostes le habrían anunciado un plan de inversiones que la firma realizará en la Argentina y que contempla 1.670 millones de pesos para desarrollar una planta de producción de maíz en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
“El modelo sojero funciona sobre la base de un agrotóxico, el glifosato, denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Varios estudios confirman el daño que produce en humanos (…) Todas las acusaciones apuntan al producto comercial Roundup de la compañía estadounidense Monsanto, la empresa de agronegocios más grande del mundo”, publicó por caso Página/12 el 8 de abril de 2008.
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Todos me llaman Pepe
Jose Mujica, Presidente de Uruguay
-¿Cómo prefiere que le digan, Pepe o Presidente?-Pepe, porque Pepe voy a seguir siendo siempre.
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=6jlWTiPI7ZI&feature=related
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=2i4EfzNm4RY&feature=relmfu
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La libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse en todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. (Ejercito Negro Makhnovista, Ucrania, 1923).
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