Por: Mauricio Jaramillo Jassir* / Especial para El
Espectador, 18 02 2013
Rafael Correa fue reelegido
ayer como presidente de Ecuador con más del 55% de votos válidos. Las razones
de su éxito electoral se basan en los errores crasos de los políticos
tradicionales, un Congreso con capacidades que excedían su naturaleza y la
reducción de la pobreza.
¿Por qué uno de los presidentes más controvertidos de la escena
ecuatoriana de los últimos años tiene tal apoyo popular? ¿Qué implicaciones
tiene una reelección para Colombia? ¿Habrá efectos regionales a propósito del
resultado? El éxito de Rafael Correa entre los ecuatorianos, más allá del
resultado en las urnas, se debe a tres factores principales: primero, la imagen
de antipolítico que ha creado, a pesar de estar en carrera desde 2006. Desde
que era ministro de Economía, Correa fue contra la corriente. Se
enfrentó a varios sectores e incluso al presidente de la época, Alfredo
Palacio, quien lo criticó por su confesa amistad con Hugo Chávez, algo que aún
le granjea enemigos políticos adentro y afuera.
Durante su corta trayectoria de ministro tomó una decisión que lo
desligó de la clase política y disparó su popularidad: modificó el fondo de
recursos que obligaba a que los ingresos de la renta petrolera fueran
destinados al pago de la deuda externa del país. Como ministro decidió que se
orientaran a la inversión social. Con decisiones de ese corte —y a pesar de
llevar seis años en el poder— es que Correa sigue teniendo el favor popular.
Como lo ha demostrado, el presidente sabe capitalizar muy bien los errores
históricos de la clase política tradicional, sobre todo en algunos sectores
ecuatorianos desencantados con los partidos de siempre.
Segundo, la Constitución de 2009 tradujo algo casi inédito en la
política reciente ecuatoriana: la materialización de una promesa de campaña.
Antecesores como Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez no pudieron
gobernar porque la presión en el Congreso era tal, que resultaba imposible
concretar proyectos políticos. En cambio, Correa contó con una ventaja
inestimable. Una vez en el poder, disolvió el Legislativo (al que no presentó
listas, acto que se juzgó como suicidio político teniendo en cuenta el destino
de otros expresidentes) y con una Asamblea Constituyente a su favor pudo
transformar el sistema político.
Y tercero, la reducción de la pobreza, su activo mayor. Durante su
administración hubo una reducción de 10 puntos a nivel general y de casi 7 en
cuanto a la pobreza extrema. Un indicador de mucho peso, habida cuenta que la
pobreza generalizada del país alcanza el 25%.
No obstante, dos bemoles empañaron su gestión. Los enfrentamientos
con el diario El Universo, tras una demanda por una columna escrita por el
periodista Emilio Palacio, en la que lo tildó de dictador. Todo el proceso ante
la justicia ecuatoriana le valió el descrédito.
Y el manejo del motín policial, en septiembre de 2010, dejó la
imagen de un mandatario sin capacidades para la gestión de una crisis. Sin
embargo, tuvo a su favor el respaldo inmediato de la región vía Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur). Debido a los antecedentes nefastos de
indiferencia de los países de la zona frente a atentados contra el Estado de
Derecho (léase el autoritarismo de Alberto Fujimori en el Perú, la actitud
golpista del recién fallecido Lino Oviedo en el Paraguay o el intento de golpe
en Venezuela en abril de 2002), se dio un respaldo inmediato y al unísono a la
administración del presidente Correa.
Con Colombia no se deben esperar grandes cambios. Las relaciones
comerciales están basadas en productos de alto valor agregado, por lo que el
intercambio tiene una incidencia mayor en el empleo a ambos lados de la frontera. Esa
dependencia positiva ha sido vital para que durante los peores momentos de
crisis política el comercio no se viera afectado. Para Quito, tomando en
consideración su cercanía con la frontera norte, dicho espacio es vital, lo que
contrasta con el desprecio con el que desde Bogotá se ha manejado la frontera
sur del país en departamentos como Nariño y Putumayo, donde la pobreza, la
ausencia de infraestructura y la debilidad estatal han marcado la pauta
(índices de NBI de 43% y 36% respectivamente). Consecuentemente, es poco
probable que desde Carondelet se cambie o se altere la relación sana que desde
hace algunos años se tiene con Colombia.
Finalmente, se ha especulado acerca de las consecuencias
regionales de esta elección. A raíz de la ausencia de Hugo Chávez, algunos
identifican en Correa a un sucesor de la llamada Nueva Izquierda.
Aunque es evidente la afinidad ideológica, Ecuador no tiene una plataforma para
proyectarse a regiones del mundo como Medio Oriente, Europa e incluso a América
Latina. Las relaciones con el Irak de Saddam Hussein, la Libia de Muammar
Gadafi y el Irán de Mahmmud Ahmadinejad se explican por una administración que
ha pensado de forma global.
Ecuador ha sido tradicionalmente vulnerable y lo que prima
consiste en reducir dicha desventaja histórica. Este panorama que rebasa las
prerrogativas de Correa se traduce en que el principal objetivo de política
exterior ecuatoriana sea concreto: se resume en la promoción del Yasuní-ITT,
parque de la Amazonia ecuatoriana, donde abundan yacimientos de petróleo. La
propuesta de Quito al mundo es recibir una compensación por la no explotación
de dichos recursos y el respeto por la diversidad de la selva virgen. En la
mayoría de foros internacionales el énfasis del Ecuador por sentar un
precedente que lo convierta en un caso paradigmático es notorio.
Los errores de los políticos tradicionales, un Congreso con
capacidades que excedían su naturaleza y la reducción de la pobreza explican el
éxito inédito de Rafael Correa. Sin embargo, en adelante tendrá que lidiar con
una oposición que obtiene lecciones del presente y se alista para ejercer lo
que apenas está en ciernes: control político sobre la gestión presidencial.
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Hacia la Oclocracia en la Iglesia Católica
Declaración sobre ”la
Autoridad en la Iglesia católica" ve la luz tras la renuncia de Benedicto
XVI
Teólogos de todo el mundo insisten en que "la función del papado
necesita ser redefinida claramente"
"La Curia romana requiere una r
Por RD, Jesús Bastante, 15 de febrero de
2013
El ejercicio de la autoridad de nuestra
Iglesia debe emular las normas de transparencia, de rendición de cuentas y de
democracia que son practicadas en la sociedad moderna
"La función del papado necesita ser redefinida claramente en la
línea de la intención de Cristo (...) su autoridad no puede oscurecer,
disminuir ni suprimir la autoridad auténtica otorgada directamente por Cristo a
todos los miembros del Pueblo de Dios". Un total de 160 teólogos y teólogas de todo el mundo
-entre ellos, una quincena de españoles, como Pedro Casaldáliga, José María Castillo , Xabier
Pikaza, Teresa Forcades o Margarita Pintos- han lanzado una "Declaración sobre la Autoridad en la Iglesia Católica",
en la que muestran las siete reformas que, en su opinión, "son urgentes y su puesta en marcha
debe comenzar inmediatamente".
El manifiesto, consensuado con ocasión del
50 aniversario del Concilio Vaticano II, sale ahora a la luz,
coincidiendo con la renuncia de Benedicto XVI. De cara a ese futuro inmediato,
se antoja como providencial, pues aborda los grandes retos de la institución en
este nuevo milenio.
Así, abogan porque los sínodos asuman
"un papel más decisivo", así como una apuesta decisiva por la
"colegialidad". "La
Curia romana requiere una reforma más radical", sostienen los
firmantes, que abogan por la total transparencia de la institución frente a los
escándalos eclesiásticos y financieros. "El ejercicio de la autoridad de
nuestra Iglesia debe emular las normas
de transparencia, de rendición de cuentas y de democracia que son practicadas
en la sociedad moderna. La autoridad en la Iglesia debe ser percibida
como honesta y digna de confianza", apuntan.
Éste es el texto íntegro de la
declaración:
DECLARACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD EN LA
IGLESIA CATÓLICA
Con ocasión del 50º aniversario del
Concilio Vaticano II (1962-1965), invitamos a todos los miembros del Pueblo de
Dios, a evaluar la situación de nuestra Iglesia.
Muchos de los
temas clave del Vaticano II todavía no han sido implementados, en absoluto, o lo han sido sólo
parcialmente. Esto ha sido debido a la resistencia de algunos sectores, pero
también a una cierta dosis de ambigüedad que se dejó pasar en algunos de los
documentos conciliares.
La principal causa del actual estancamiento
radica en su incorrecta interpretación y la mala aplicación en lo que concierne
al ejercicio de la autoridad en la Iglesia. Concretamente ,
los siguientes temas requieren una corrección urgente:
La función del
papado necesita ser redefinida claramente en la línea de la intención de
Cristo. Como supremo pastor,
unificador y principal testigo de la fe, el Papa contribuye sustancialmente a
la buena salud de la Iglesia universal. Sin embargo, su autoridad no puede oscurecer, disminuir ni suprimir la autoridad
auténtica otorgada directamente por Cristo a todos los miembros del Pueblo de
Dios.
Los obispos son vicarios de Cristo, no
vicarios del papa. Tienen una responsabilidad inmediata de sus diócesis, y una
responsabilidad, compartida con los otros obispos y el papa, respecto a la
comunidad de fe mundial.
El Sínodo de los
obispos debe asumir un papel más decisivo en la planificación y en la orientación del
mantenimiento y el crecimiento de la fe dentro de nuestro complejo mundo
actual. Para llevar a cabo esta tarea, el sínodo de los obispos necesita ser
dotado de unas estructuras apropiadas.
El Concilio Vaticano II ordenó que debía
haber colegialidad y
corresponsabilidad en todos los niveles. Esto no ha sido llevado a cabo. Como
estableció el Concilio, los consejos
presbiterales y los consejos pastorales, deben involucrar a los creyentes más
directamente en las tomas de decisión concernientes con la formulación de
la doctrina, la gestión de la pastoral y la evangelización de la sociedad
secular.
El abuso de nombrar para puestos
directivos de la Iglesia a candidatos de una única forma de pensamiento, debe
ser erradicado. Se debe establecer nuevas normas, y una supervisión sobre su
cumplimiento, para asegurar que las elecciones para tales puestos sean llevadas
a cabo de una manera limpia y transparente, y en cuanto sea posible,
democrática.
La Curia romana
requiere una reforma más radical, en la línea de las instrucciones y la visión del
Concilio Vaticano II. La Curia debería continuar existiendo por sus útiles servicios
administrativos y ejecutivos.
La Congregación para la Doctrina de la Fe
debe ser asistida por comisiones internacionales de expertos, que han de ser
escogidos de forma independiente, sobre la base de su competencia profesional.
Estos no son, ciertamente, todos los
cambios necesarios. Somos conscientes de que la puesta en marcha de estas
reformas estructurales deberá ser elaborada
con detalle, según las posibilidades y limitaciones de las actuales y
futuras circunstancias. Sin embargo queremos destacar que estas siete reformas
sugeridas son urgentes y que su puesta en marcha debe comenzar inmediatamente.
El ejercicio de la autoridad de nuestra
Iglesia debe emular las normas de
transparencia, de rendición de cuentas y de democracia que son practicadas en
la sociedad moderna. La autoridad en la Iglesia debe ser percibida como
honesta y digna de confianza, inspirada por un espíritu de humildad y de
servicio, mostrando preocupación por la gente más que por las reglas y la
disciplina, transparentando a un Cristo que nos hace libres, y escuchando al
Espíritu de Cristo que habla y actúa a través de cada persona.
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La libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse en todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. (Ejercito Negro Makhnovista, Ucrania, 1923).
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