Antropóloga. Activista por los derechos civiles. Defensora de las mujeres y los hombres que trabajan la tierra.
Los perseverantes relatos monolíticos de la racionalidad occidental colonial y poscolonial que se ciernen sobre las mujeres tienen en esta entrañable isla 522 años.
Dichas narrativas giran alrededor de la superioridad de las elites blancas y de la hegemonía de los hombres sobre las mujeres, atendiendo a que sus cuerpos deben ser silenciados y disciplinados tanto en su saber, tener y hacer.
Eso que hoy llamamos violencia de género era bien visto por el Estado Colonial y la Santa Madre iglesia Católica y Romana. El Estado colonial legisló para asumir el control de las mujeres y someterlas a la autoridad masculina. Lo mismo que la institucionalidad teologal.
En la colonia se sometió a las mujeres a obediencia. Eran tuteladas, ya que las consideraban menores e incapacitadas para ejercer control de sí mismas y de sus cuerpos, salvo excepciones, las viudas tenían ciertas flexibilidades para la venta y compra de productos, propiedades o de esclavos, entre otros.
No obstante, las solteras o casadas se les prohibía realizar actividades fuera de su sexo, es decir fuera de la casa. El orden jurídico familiar controlaba y absorbía a las mujeres como sujeto. No gozaban de plena capacidad civil.
Asimismo, el género como circunstancia modificaba y sujetaba a las mujeres, a un orden jurídico en la legislación colonial. Ya por eso su lugar estaba dirigido a las actividades reproductivas y en el escenario del hogar. Eran las que velaban y controlaban el honor de toda la familia, por eso su comportamiento y el régimen de su trabajo era vigilado por las instrucciones públicas y religiosas.
Muchos de los problemas que existían en la colonia, tanto en el ámbito familiar como político y económico, estaban referidos por los teólogos y autoridades, a los pecados femeninos, a las cuestiones del querer, al matrimonio y al orden familiar. Desde los terremotos, problemas ambientales y enfermedades, todo recaía sobre las cuestiones que estaban relacionadas con los pecados públicos (prostitución) como son la barraganía y el mal ejemplo de las mujeres.
Hoy día es común, escuchar en los medios de comunicación, de boca de las iglesias, funcionarios engolados y juristas distinguidos que muchos de nuestros problemas sociales, se deben a que la familia, no está respondiendo a sus funciones tradicionales, tales como educar, disciplinar y responder a la honorabilidad, entre otros. Se apuntala que el reino de las mujeres, no está funcionando como es debido, dado que las mujeres se han liberado demasiado, no atienden a sus deberes y abusan de los privilegios otorgados por la legislación vigente. Las mujeres ya no son honorables.
Estos argumentos enuncian un orden masculino y manifiestan discriminación sexista. Ya por eso cuando se analiza el problema del feminicidio, bajos la lupa de entender los factores psicosociales, económicos y personales, que se enmarca en los conflictos de pareja, temas relacionados con los hijos, disciplina, castigos físicos, celos, relaciones extraconyugales, entre otras variables. Siempre al margen de las posibles influencias de los grandes gendarme del artificio de la ley en la sociedad.
Todos estos problemas se relacionan en su mayoría con el escenario de la familia, los sistemas matrimoniales y las cuestiones del querer. El Estado, la iglesia y la legislación salen desprovista de “culpa y de entendimiento”, ya porque la doctrina jurídica vigente, emiten leyes que aparentemente respetan y fomentan los derechos de las mujeres. Y la obsolescencia patriarcal es cosa del pasado.
Sin embargo, los hechos no siempre se corresponden con el derecho. Aquí como en otras esferas de la vida pública, todavía hoy se intenta rechazar los feminicidios como crímenes de odio. Esos homicidios se cometen por la condición de ser mujeres y eso se tiene que visibilizarse. Y no está dado por el mal funcionamiento de la familia. Hay valores culturales y viejas legislaciones castellanas que fomentaban estos crímenes de odios y se diseñaron desde el Estado. Todas estas cuestiones eran justificadas por el Estado y la iglesia.
En las Recopilaciones de 1680 se establecía que sin importar color de piel, a las mujeres que les fuera apuntaladas faltas a la moral, podrían ser golpeadas por sus maridos y si cometían adulterio se les permitía al marido saciar su venganza. Se les decía si matas a uno, también mata al otro. Al no tener derechos civiles, muchas veces, ni siquiera podía probar su inocencia, si así fuera. Es una constante histórica, propiciada desde el Estado colonial y que continúa, a través del tiempo.
En el 2013, la Procuraduría General de la República reporta 53,074 casos de violencia de género e intrafamiliar y 8,064 delitos sexuales. Esto es alarmante y algunos dirán tenemos suficientes leyes para proteger a las mujeres. Sin embargo, hay muchas brechas entre lo escrito, lo que se cumple, las costumbres y lo que se necesita. Se requieren más leyes, miradas más abiertas con respeto al tratamiento de los problemas relacionados con la violencia de género y el feminicidio.
Las preguntas que se formulan en el ámbito del saber para acercarse a las mujeres y niñas que sufren tienen que ser diferentes, no se puede seguir tratando el problema, solo desde el orden familiar.
La episteme requiere nuevas interrogantes para no solo visibilizar la violencia física o psicológica que puede gestarse en los hogares neocoloniales, sino conocer también, la violencia que se ejerce desde el propio Estado sobre los sujetos y de cómo las variopintas ideologías idealizan, conjuran y manifiestan un orden patriarcal determinado que favorece, por medio de las costumbres, prácticas de violencia contra las mujeres y que se consolidan desde el Estado y la iglesia.
Es menester apoyar la campaña Voces para el Avance de los Derechos de las Mujeres, cuyo propósito sea dar a conocer la necesidad de los proyectos de ley “Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”, y “El Derecho a una Vida Libre de Violencia”, que se encuentran bajo estudio en la Cámara de Diputados. Empujar dicha propuesta puede ayudar a visibilizar el problema y permitir nuevos estudios con preguntas distintas. La colonialidad se frena, si los dispositivos de sujeción históricas puede ser silenciados y eliminados de la sociedad.
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La libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse en todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. (Ejercito Negro Makhnovista, Ucrania, 1923).
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