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Monseñor Abelardo Matta y Daniel Ortega
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe & Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua
26 de noviembre de 2007
Remitido por el Movimiento Germinando Ideas, Santo Domingo
Líderes del movimiento de mujeres de Nicaragua, representantes de diversas instancias de coordinación de la sociedad civil y organizaciones y movimientos aliados denunciaron este lunes 26, la persecución política que enfrentan nueve defensoras de los derechos de las mujeres, como parte del terrorismo de Estado que impulsa el gobierno de Daniel Ortega contra la sociedad civil.
Nueve líderes feministas están siendo acusadas por el supuesto encubrimiento del delito de violación y autoras del supuesto delito contra la administración de justicia, así como por la supuesta comisión de los tipos penales asociación e instigación para delinquir y apología del delito.
Los señalamientos a las defensoras de los derechos humanos han surgido luego que Rosita, la niña de nueve años violada y embarazada a quien se le practicó un aborto terapéutico en el año 2003, denunciara meses atrás una segunda violación y un hijo de su padrastro, quien fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión.
La acusación a las líderes feministas proviene de la Asociación Nicaragüense de Promoción de los Derechos Humanos, ANPDH, que lidera el obispo de la ciudad de Estelí, Abelardo Matta.
Las acusadas por la jerarquía de la iglesia católica son:
1. Ana María Pizarro, de la Coordinación Regional de la Campaña 28 de Setiembre, de la Red de Mujeres contra la Violencia y del Consejo Directivo de la Red por la Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe
2. Juana Jiménez, de la Comisión Coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia en el período 2004-2007;
3. Lorna Norori, de la Red de Mujeres contra la Violencia;
4. Luisa Molina, vocera de la Federación de Organizaciones que trabajan con la Niñez y la Adolescencia e integrante de la Comisión Coordinadora de la Coordinadora Civil;
5. Martha María Blandón, del Movimiento Feminista;
6. Martha Munguía, ex integrante de la Comisión Coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, diputada constituyente del período 1984-1990 e integrante de Red Latinoamericana de Albergues;
7. Mayra Sirias, vocera de la Red de Mujeres contra la Violencia;
8. Violeta Delgado, Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres contra la Violencia 1994-2003 y ex enlace nacional de la Coordinadora Civil; y
9. Yamileth Mejía, de la Comisión Coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia en el período 2003-2007 e integrante de la Comisión Coordinadora de la Coordinadora Civil
Sofía Montenegro, en representación del Movimiento Autónomo de Mujeres señaló que la acusación a las feministas es política ya que cuentan con información que el pasado 22 de noviembre la pareja presidencial Ortega-Murillo orientó a la Fiscalía de la República le diera trámite a la denuncia de la ANPDH.
La orden emanada de la presidencia de la República indicaba que la investigación la dirigiera la Fiscal Adjunta, Ana Julia Guido, ex 2ª. Jefa de la Policía Nacional, y se procediera con rapidez. El viernes 23 la Fiscalía declaró que la denuncia estaba interpuesta y que la investigación la dirigiría la fiscal adjunta.
Montenegro aseveró que también conocían que la denuncia había sido preparada en el Ministerio de la Familia semanas atrás, y que originalmente la interpondría esta misma institución. Con posterioridad se designó a la ANPDH cuyo control lo tiene Monseñor Abelardo Matta.
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Sofía Montenegro es entrevistada por una periodista
La actuación de la ANPDH y su líder, Monseñor Matta, pone en evidencia la connivencia de un sector de la jerarquía católica con el proyecto que el binomio Ortega-Murillo pretende imponer en Nicaragua a cambio de privilegios y regalías del gobierno.
La inconsistencia de la acusación se evidencia en el hecho que se omite que en su momento la Procuraduría de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República emitieron resoluciones sobre el caso. La Procuraduría resolvió que las medidas para salvaguardar la vida de Rosita correspondían a sus padres. La Fiscalía determinó que las decisiones tomadas estaban dentro del marco de la ley.
Se ha escogido a las defensoras de derechos humanos citadas porque han acompañado casos emblemáticos de violaciones a los derechos de las mujeres, como el de Rosita y Zoilamérica Narváez, entre otros muchos. El motivo es la venganza política por el acompañamiento a Zoilamérica cuando denunció de abuso sexual al ahora presidente de la República, Daniel Ortega en marzo de 1998.
La denuncia pretende intimidar, desprestigiar y desmantelar al movimiento de mujeres, uno de los más beligerantes actores de la sociedad civil en la demanda del respeto a la institucionalidad, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Se busca escarmentar al resto de actores y organizaciones autónomas, al tiempo que se impone a los Consejos de Poder Ciudadano como fuerza de choque y aparato político-policial de la dictadura emergente.
Para el movimiento de mujeres este no es un hecho aislado, representa el inicio del terrorismo político del gobierno contra los ciudadanos, la libertad de expresión y de opinión. La estrategia es atacar de manera diferenciada y antagonizadora a los diversos actores de la sociedad civil con el fin de impedir su articulación y debilitarlos.
El movimiento de mujeres de Nicaragua demanda:
1. A la Fiscalía General de la República que se abstenga de involucrarse en una farsa de juicio, que desde ya denunciamos como ilegítimo e infundado.
2. A la directora de la Policía Nacional que no se preste a ser instrumento de la represión contra la ciudadanía y en este caso particular, contra mujeres con amplias y reconocidas credenciales en la defensa de los derechos humanos de niñas, niños, jóvenes y mujeres.
3. A la ministra de MIFAMILIA, que si tiene tanto interés en enjuiciar a la madre de Rosita por complicidad en la violación, debería igualmente ser diligente para investigar la complicidad de la Primera Dama, Rosario Murillo, en el caso de Zoilamérica Narváez.
Ante esta situación, el movimiento de mujeres de Nicaragua propone
A las feministas y activistas de los derechos humanos de la región:
Desarrollar una campaña internacional contra la represión de las defensoras de los derechos humanos en Nicaragua:
a) Envío de cartas al Fiscal General de la República, a la Fiscal Adjunta, al Ministro de Relaciones Exteriores, a las embajadas de Nicaragua en todos y cada uno de los países donde existan.
b) Copia de todas las cartas a los medios de comunicación de mayor circulación en Nicaragua, cuyas direcciones electrónica se ubican al final
c) Entrega directa de cartas en las embajadas nicaragüenses en el exterior, convocando a los medios de sus países para replicarlo en Nicaragua.
d) Solicitamos la notificación al Observatorio de la Comisión Internacional contra la Tortura por parte del Comité Latinoamericano y del Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
e) Informar a otras instancias de derechos humanos de la región como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
f) Organización de giras de denuncia.
g) Circular esta información lo más posible
h) Instar a diferentes asociaciones, grupos y centros de derechos humanos a pronunciarse
A las organizaciones de sociedad civil de Nicaragua y a la ciudadanía en general:
1. Construir una muralla de contención ante las pretensiones de instaurar una dictadura familiar e institucionalizar el terrorismo político.
2. Integrar una gran Unidad Ciudadana por la Democracia, en defensa de los espacios, organizaciones e instituciones que hemos construido de manera autónoma en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos.
3. El acompañamiento y la protección de las organizaciones de derechos humanos reconocidas y legitimadas: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
4. Llama a la Coordinadora Civil, al Movimiento por Nicaragua, al Movimiento contra el Abuso Sexual, a la Iniciativa por la Diversidad Sexual, a la Asociación de Hombres contra la Violencia, así como a todas las organizaciones comprometidas con la libertad y la justicia, a brindarnos respaldo, solidaridad, protección y acompañamiento en esta lucha y en la defensa que nuestras compañeras ameritan. Asimismo, a repudiar con acciones movilizativas y solidaridad militante las acciones ilegítimas, totalitarias y abusivas de la pareja presidencial.
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Para botar el golpe: Otoño en Nueva York
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