Unos 800 miembros de la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha guardan prisión en cárceles hondureñas, acusados o sentenciados por "asociación ilícita".
Diario La Prensa, Honduras
11 de abril, 2007
Tegucigalpa. La ONU recomendó al Gobierno de Honduras revisar las penas contra los jefes de pandillas juveniles o "maras", que son mayores que las establecidas para casos de homicidios, informó este miércoles la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce.
La ONU "ha recomendado que el Estado revise si efectivamente hay proporcionalidad o no" entre los delitos que han cometido y las condenas que han recibido los jóvenes pandilleros, dijo Ponce a la estación local HRN.
La fiscal añadió que la ONU considera que "la gravedad de la pena debe estar en función del grado de delito" y que "los delitos que amenazan el derecho a la vida son los que deben de tener la pena más alta".
En el caso de los jefes de pandillas o maras, la ley hondureña tipifica hasta 30 años de cárcel, mientras que ciertos tipos de homicidios están penados con doce años de prisión.
Unos 800 miembros de la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha guardan prisión en cárceles hondureñas, acusados o sentenciados por "asociación ilícita" con base en la llamada Ley Antimaras, una reforma al Código Penal aprobada en 2002, durante el gobierno del entonces presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Apoyado en la reforma y mediante operativos policiales frecuentes, el Gobierno de Maduro emprendió una cacería de jóvenes tatuados, a los que procesó por "asociación ilícita".
Un grupo de trabajo de las Naciones Unidas visitó Honduras en febrero pasado y sostuvo entrevistas con miembros de maras y pandillas prisioneros, así como con autoridades del Gobierno de Manuel Zelaya y representantes de organizaciones no gubernamentales protectoras de menores.
"Coincido con el grupo de trabajo en que las penas deben ser revisadas, orientándose a una reducción de las mismas, y que debe de retornarse a los jueces la posibilidad de valorar en los casos concretos si los procesados merecen o no una medida sustitutiva", añadió la fiscal.
Ponce subrayó que con la revisión de las penas se establecería "un sistema penal más justo y más equitativo".
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