EXTRAHECCIÓN: VIOLACIÓN DE DERECHOS EN LA APROPIACIÓN DE LA
NATURALEZA
Extrahección
es un nuevo término para describir la apropiación de recursos naturales desde
la imposición del poder y violando los derechos de humanos y la Naturaleza. La palabra
es nueva, pero el concepto es muy conocido. Describe situaciones que, poco a
poco se están volviendo más comunes, como emprendimientos mineros o
petroleros impuestos en un contexto de violencia, desoyendo las voces ciudadanas,
desplazando comunidades campesinas o indígenas, o contaminando el ambiente.
Extrahección es
un vocablo que proviene del latín “extrahere”, que significa tomar
algo quitándolo o arrastrándolo hacia uno. Es por lo tanto, un término adecuado
para describir las situaciones donde se arrancan
los recursos naturales, sea de la comunidades locales o la Naturaleza. En esas
circunstancias se violan distintos derechos, y ese precisamente ese aspecto que
se pone en evidencia con este nuevo término. Los derechos violentados cubren un
amplio abanico, entre los cuales se pueden indicar algunos para tomar
conciencia de la gravedad de estas situaciones.
Impactos ambientales,
como la destrucción de ecosistemas silvestres, la contaminación de aguas,
suelos o el aire o la pérdida del acceso al agua, son todas violaciones de los
llamados derechos de tercera generación. Estos están enfocados en la calidad de
vida o un ambiente sano. En países donde además se reconocen los derechos de la
Naturaleza (como en Ecuador), hay emprendimientos extractivos que son
claramente incompatibles con el mandato ecológico constitucional.
Los derechos de
las personas están afectados de muy diversas maneras. Repetidamente se incumplen las consultas previas, libres
e informadas a las comunidades locales, o se fuerzan sus resultados, como ha
sido denunciado en varios proyectos en los países andinos. También existen
violaciones cuando se impone el desplazamiento
de comunidades, como sigue ocurriendo con las explotaciones mineras de la
región de Carajás en Brasil. En los sitios donde hay emprendimientos
funcionando, se escuchan denuncias de violaciones a los derechos de los
trabajadores, sea en su sindicalización, como en seguridad o condiciones
sanitarias (como ha sido reportado por los trabajadores del carbón en
Colombia).
No pueden pasarse por alto las prácticas
de corrupción, como los esquemas de sobornos, sea para aceptar prácticas de
alto impacto social o ambiental, o incluso para obtener los permisos de
funcionamiento de un proyecto.
La extrahección
también describe las circunstancias de emprendimientos que se imponen
silenciando de distinta manera las voces ciudadanas. En los últimos años se
está volviendo común judicializar las protestas, iniciando acciones legales
contra sus líderes, quienes quedan sumergidos en procesos que duran años, se
embargan sus bienes, se les restringen los viajes, etc. Un paso más es criminalizar las
acciones ciudadanas, colocándolas bajo la sombra de cargos de vandalismo,
sabotaje o terrorismo. Recientemente, el Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina (OCMAL), ha recopilado casos de criminalización en
varios países latinoamericanos.
Finalmente, en
la extrahección también se llega a la violencia directa bajo distintos
formatos. Esta puede estar en manos de individuos o a cargo de grupos, los que
a su vez pueden ser cuerpos de seguridad
o paramilitares, o estar en manos de las propias fuerzas estatales (policiales
o militares). Una reciente revisión internacional encontró que las tres más
grandes corporaciones mineras (Río Tinto, Vale y BHP Billition), han estado
involucradas con casos de violencia, varios de los cuales tuvieron lugar en
América Latina.
Todo esto se
expresa en represiones violentas de movilizaciones, raptos e incluso en el
asesinato. Una vez más se encuentran muchos ejemplos recientes, desde las
represiones a las movilizaciones ciudadanas en distintas localidades de
Argentina o a la marcha a favor del TIPNIS en Bolivia, al saldo de al menos
cinco muertos y más de 40 heridos en el conflicto minero de Conga en Perú.
Está claro que estos
y otros casos representan acciones ilegales que ocurren en países que cuentan
con coberturas legales para los derechos humanos. Pero no pueden pasar
desapercibidas las situaciones de “alegalidad”, donde se
mantienen las formalidades legales, pero las consecuencias de las acciones son
claramente ilegales. En este caso encontramos a corporaciones que aprovechan,
por ejemplo, los vacíos normativos para lanzar contaminantes al ambiente, o que
desentienden de las empresas que subcontratan para llevar adelante las acciones
de mayor impacto en las comunidades locales.
Cuando el Estado
no asegura su propio marco normativo en derechos, las comunidades locales han
debido apelar a instancias internacionales, tales como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. De esta manera se han visibilizado muchos casos que antes
quedaban sepultados ante las indiferencias estatales, como sucedió en
Guatemala, solicitando el cierre de la mina Marlin para garantizar la salud de las
comunidades locales.
¿Es necesaria la nueva
palabra extrahección para describir estas situaciones?
Por cierto que
lo es. Es que estas violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza no
son meras consecuencias inesperadas, o producto de acciones aisladas llevadas
adelante por individuos descarriados. Esta es la justificación empleada varias
veces por sectores gubernamentales o corporativos, con la finalidad de separar
sus actividades de esas violaciones. Esa
postura es inaceptable.
En realidad, la
violación de derechos se ha vuelto un componente inseparable e inevitable de un
cierto tipo de extracción de recursos naturales. Esto ocurre cuando esas
actividades comprometen enormes superficies, realizan procedimientos intensivos
(por ejemplo utilizando contaminantes) o los riesgos en juego son de enorme
gravedad, y por lo tanto, nunca serían aceptables bajo los marcos legales o
para las comunidades locales. Entonces, la única forma en que pueden llevarse
adelante es por medio de la imposición y la violación de los derechos
fundamentales. La violación de los derechos no es una consecuencia, sino que es
una condición de necesidad para llevar adelante este tipo de apropiación de
recursos naturales. Son facetas de un mismo tipo de desarrollo, íntimamente
vinculados entre sí.
Es esta
particular dinámica la que explica el concepto de extrahección. No basta con
decir, por ejemplo, que una de las consecuencias del extractivismo más
intensivo es la violación de algunos derechos. Debe dejarse en claro que existe
una íntima relación, donde esas
estrategias de apropiación de recursos naturales solo son posibles quebrando
los derechos de las personas y la Naturaleza.
Eduardo Gudynas
es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).
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ATERRIZA
COMO PUEDAS: LO QUE ASUSTA A RAJOY EN ESPAÑA DEL EJEMPLO BOLIVIANO
Indígenas en armas contra Repsol en Perú en 2009
El gerente de SABSA ganaba 12700 euros mientras
la empresa adeudaba grandes sumas a los trabajadores
Las amenazas del Gobierno español ya no
asustan a nadie
El Gobierno español está subordinado a un
entramado de intereses oligárquicos
Por: Manuel
Canelas e Íñigo Errejón (doctorando y doctor en Ciencia Política,
Universidad Complutense de Madrid), Público.es, 25 02 2013
El lunes pasado, el presidente Evo Morales contestó de manera firme
pero tranquila a las airadas declaraciones del canciller español, José Manuel
Garcia-Margallo, quien, exhibiendo la misma nostalgia colonial que en el caso de la nacionalización de Repsol por parte del Gobierno argentino, lanzó amenazas poco veladas y advirtió
que las mismas podrían involucrar a los socios de la Unión Europea. Sin
embargo, en su respuesta Morales apuntó que si bien entendía la reacción del
Gobierno español, él tenía conocimiento que lo que demanda buena parte de la
ciudadanía en España es precisamente que se implementen medidas similares a
estas, de recuperación de la soberanía económica: “que los servicios básicos no sean un negocio privado”. Y
señaló también que, al menos en su caso, “le daría miedo defender a una empresa
que roba”.
El embajador español en Bolivia no ha
querido ir a la zaga de la actitud de su canciller y ha tenido declaraciones poco apropiadas y que
corresponden más bien a otros
tiempos, en los cuales los embajadores de ciertos países, actuaban como
procónsules enviados por la metrópoli.
Lamentablemente el embajador no ha
ofrecido una explicación convincente de por qué los planes de inversión
consistentes de SABSA (Abertis) en los aeropuertos que gestionaban en Bolivia
eran, en el mejor de los casos, inexistentes o cómo se entendía la paradoja de
que el gerente de SABSA en el país ganase, por ejemplo, en marzo de 2012 12,700
euros (casi diez veces más que el mismo presidente Evo) y la empresa adeudase,
al mismo tiempo, grandes sumas de dinero a los trabajadores bolivianos.
El sostenido crecimiento económico de los
últimos años ha provocado un incremento de los flujos de comercio del país con
el exterior; esto, más un aumento de la capacidad de consumo interno, ha provocado
un aumento de la demanda de los desplazamientos por vía aérea. En gran medida
por la falta de inversión de SABSA, los principales aeropuertos del país no han
sabido responder de manera adecuada a este fenómeno. Según los trabajadores de
la empresa, no se han producido las ampliaciones necesarias ni renovado los
equipos para poder desarrollar un trabajo en mejores condiciones. Como en el
caso de las empresas que gestionaban el suministro de electricidad, y antes con
cementeras, telecomunicaciones o hidrocarburos, el Gobierno boliviano se limita
a cumplir lo establecido en la Constitución aprobada por referéndum popular el
25 de enero de 2009. Para los viejos
intereses coloniales, que los Estados de la periferia no se deban a nadie más
que al mandato de la soberanía popular, que hagan cumplir la ley de forma igual
para todos es ya una insubordinación que viven como auténtica agresión.
No obstante, lo paradójico de la
situación es que las amenazas del Gobierno español ya no asustan a nadie. El
Ejecutivo de Rajoy tiene la espina dorsal encorvada de las continuas
reverencias ante el dictado Alemán y de la llamada “Troika” (el triunvirato
Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea que
gobierna la gestión neoliberal de la crisis como ofensiva en favor del capital
financiero y en contra de los pueblos, en particular de los del sur de Europa).
Por eso resulta poco menos que ridículo
cuando ahora pretende mostrarse fuerte y enérgico contra la osadía de Bolivia
de ejercer su soberanía y recuperar para sus ciudadanos parte del despojo.
Lo verdaderamente peligroso de esta
última nacionalización del Gobierno de Evo Morales, lo que el Gobierno Español
tiene que combatir hasta sus últimas fuerzas, es el ejemplo democrático, la
ruptura radical en el relato post-ideológico que pretende reducir la política a
la gestión de lo existente, de lo único posible. Si el Gobierno español
justifica su brutal programa de ajuste, que empobrece drásticamente a las
mayorías sociales del país haciéndoles pagar el coste de la crisis, con el
argumento de que “no son medidas de su agrado pero son necesarias: las únicas
pensables”, el ejemplo boliviano —y latinoamericano— demuestra que en política la pregunta fundamental, como
recordase Carl Schmitt, es quién ejerce el poder y en beneficio de quién.
El Gobierno español está voluntariamente
subordinado a un entramado de intereses oligárquicos domésticos y europeos que
son los que, por encima de la ficción de la soberanía popular, dictan sus
políticas que multiplican el sufrimiento de la gente corriente. El Gobierno
boliviano, por el contrario, se debe a un mandato popular no negociable, sobre
el que no rige otra autoridad, de ampliación democrática, redistribución de la riqueza,
descolonización y construcción de un país para todos. Uno es un Estado en manos
de los menos, convertido en maquinaria de desposesión, el otro es un Estado en
transición, con contradicciones y tensiones, pero gobernado por la dirección
intelectual y moral de los grupos subalternos, una mayoría social indígena y
empobrecida que hoy es mayoría política y, más importante, generadora de un verdadero
horizonte de época.
Como en ocasiones anteriores, el bloque
dominante español, hoy maltrecho, ha desplegado todos los tópicos racistas y
coloniales y todas las banderas a su alcance. Pero es difícil creer a un
Gobierno que esgrime el “interés nacional” para defender a empresas privadas y
sus concesiones en Bolivia justo en los mismos días en que los trabajadores de
Iberia, la línea aérea antaño pública, están en huelga contra los despidos y el
despedazamiento de la compañía para entregarla al capital inglés. Es difícil
creer a un Gobierno para el cual “España” son los millonarios accionistas de
empresas privadas y no los trabajadores despedidos, las familias que pierden
sus casas para que éstas vayan a manos de los bancos, los jóvenes que tienen
que emigrar.
Y ese es el verdadero problema no sólo
del Gobierno, sino del régimen español, de todo el entramado cultural,
institucional y económico salido de la transición posfranquista y consagrado en
la Constitución de 1978. Su problema no se llama Bolivia, ni siquiera Evo. Su problema se llama Pueblo: cómo
responder a la generalización de las protestas que ya no encuentran acomodo en
los cauces institucionales, que desbordan el orden existente, que comienzan a
romper las costuras del consenso de élites, y que ven a sus gobernantes vender
el país a trozos mientras en otras latitudes ocurre lo contrario: la
recuperación del país para sus gentes. Ante las amenazas de ruptura de
relaciones, Evo Morales ha respondido audaz, señalando que, en una suerte de “diplomacia de rebeldía”, las restablecería
con los movimientos sociales y el pueblo español en la calle. Intuye
seguramente el presidente boliviano que en el campo político español comienza a
trazarse una escisión abrupta, y que los que ocupan las instituciones no encarnan
ya la voluntad general. Bolivia no acepta lecciones ni tampoco pretende
impartirlas, pero es posible que cada vez más ciudadanos de la antigua
metrópolis, en busca de respuestas ante un tiempo bloqueado, comiencen a poner
sus brújulas mirando a los ejemplos del Sur.
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LA PROMESA PENDIENTE
Recordando a Miguel Domínguez y José A. Cabezas
En entrevista concedida en Puerto Rico, al periodista Víctor Grimaldi por el hermano lasallista Miguel Domínguez, publicada el 9 de noviembre de 1970, (éste) sostiene que “las ideas no se deportan”.
Se trata de Miguel Efraín Domínguez y José Antonio Cabezas, hermanos de
Los hermanos de
Gerald Krell realizó para el IPS, el documental "Tú también" (1966), sobre el estado de los barrios periféricos de la ciudad de Santo Domingo, documental sobre las miserables condiciones de vida de una gran parte de la población.
Tanto Miguel Domínguez como el hermano Cabezas desarrollaron novedades didácticas, como lo fue en 1967 la experiencia de
Encabezando el sector avanzado del clero dominicano de la época, Cabezas y Domínguez, defendieron el derecho de los campesinos, a la tierra; predicas que originaron que el 22 de junio de 1970, varias decenas de campesinos sin tierra iniciaron la ocupación de terrenos situados en el Paraje las Lagunas, Sección de Nisibón, a unos
Fueron despojados, mediante sorpresivo decreto del presidente Balaguer, publicado el 27 de junio de la ciudadanía dominicana que les había concedido, respectivamente, el 3 de junio de 1968 y el 6 de marzo de 1969.
En articulado publicado en
Reafirmando su entrega a las mejores causas en defensa de los campesinos sin tierras y los desposeídos afirmó que: quienes provocan y son autores de la violencia en República Dominicana, son los terratenientes, los latifundistas dominicanos “son los verdaderos agitadores”, porque provocan la reacción del campesinado frente a la situación.
En su defensa ante la odiosa deportación realizada en su contra él y el hermano Cabezas, sostuvo entonces que “como dominicano, como cristiano, y como consagrado a Dios, solo me quedaba un camino y no dos, y es el que señalaba Cristo, el cambio, la liberación del hombre, la humanización de ese hombre para que pueda realizar su plenitud de cristiano”.
Dijo no entender el por qué le hablamos de no violencia a grupos humanos, como son los campesinos, que lejos de hacer violencia están sufriendo la violencia”.
En cuanto a la iglesia, Miguel Domínguez, consideró que lo importante es seguir la misma misión que Cristo, indicó, adaptándola hoy –según manifiesta-- a una posición nueva que no sea la de la tradicional pastoral.
Apreció en la entrevista el hermano Miguel que “si el proceso revolucionario, el proceso de liberación del pueblo, el proceso del despegue al desarrollo de nuestro pueblo, se torna violento, no es porque el campesino quiera, sino porque los que actualmente hacen violencia son los que están propiciando este proceso”.
Nacido en un barrio pobre de la ciudad de la Habana, Miguel Domínguez, graduó de arquitecto, luego de estudiar en un Colegio de la Salle institución a la cual se consagró- y entregó a Dios. Hizo su noviciado en Panamá.
Continuando sus estudios fue enviado a Europa, Roma, París, Bélgica. Estudió filosofía, teología, psicología (y se graduó de arquitecto en la UASD).
Asignado a Santo Domingo, llegó como profesor De La Salle, donde tomó la libre determinación de lanzarse a trabajar juntos a los jóvenes en los barrios, sobre todo en el Barrio de Los Minas, a construir viviendas, etc.
El 24 de abril dice le dio “la oportunidad de unirme con el pueblo dominicano, con ese hermano”. Entonces –dice-- “se concretiza la línea horizontal de su cristiandad,” hasta llegar a formar en él “la cruz del cristiano, el palo vertical y el horizontal”.
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OCHY CURIEL: LA NACIÓN HETEROSEXUAL (COLOMBIA: GLEFAS Y BRECHA LESBICA)
OCHY CURIEL: LA NACIÓN HETEROSEXUAL (COLOMBIA: GLEFAS Y BRECHA LESBICA)
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La libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse en todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. (Ejercito Negro Makhnovista, Ucrania, 1923).
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