Por: Dr. Eddy Augusto Tejeda
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Programa República Dominicana
INTRODUCCIÓN.
Etimológicamente, ética y moral provienen del griego y del latín respectivamente. Tradicionalmente, ambas tenían el mismo significado. La ética tiene una función argumentativa del fundamento universal. Ha de consolidar el imperativo categórico fundamental: “respeta la dignidad humana”.
Para realizar su tarea crítica y de trascendencia, la ética se vale y se sirve de algunas ideas claves que refuerzan y ayudan a aplicar la dignidad humana. En ese sentido, alguna noción de libertad es esencial a la dignidad humana; los hombres y las mujeres dirigen su propia vida, y no hay que interferir sin justificación suficiente.
Igual pasa con la noción de igualdad; sin igualdad desaparece el universalismo del ideal, y brotan ideales sectarios, facciones y desprecio mutuo. También alguna noción de solidaridad es esencial a la dignidad humana; la idea de dignidad es ineficaz si los hombres y las mujeres permanecen aislados o si son egoístas; sin solidaridad la dignidad humana no puede edificar la convivencia entre las personas.
Un cierto ideal de justicia es otro elemento inseparable de la dignidad humana. A nivel político, habría que añadir dos ideas como relevantes. Que la coacción sea mínima y que haya paz internacional, situación que requiere una organización política mundial. [1]
Tal y como han sido establecidos en los principales textos internacionales, [2] los derechos humanos se inspiran ante todo en la identidad universal de la persona humana, que tiene las mismas facultades y aspira a las mismas libertades independientemente de su raza, etnia, sexo, creencia o nacionalidad propias [3].
En América Latina y el Caribe, la situación de los derechos humanos experimenta una especie de “vaivén entre lo deseable y lo posible”. Un diagnóstico que presenta una serie de avances y retrocesos, de rosas y espinas: Se amplía la miseria, el hambre, la deficiencia educacional, la distribución negativa del ingreso, la concentración de la renta, la violencia generalizada y la rebeldía social y política. Sin embargo, en las luchas democráticas de los últimos años, que buscaron retirar del poder las dictaduras militares y otras formas de autoritarismo, se cristalizaron caminos institucionales hacia el cambio social y económico que las masas reconocen como positivos. [4]
Si en la región latinoamericana parece compartirse el anhelo por construir una región democrática y respetuosa de los derechos humanos, también se dan golpes duros que hacen retroceder la construcción de ese concierto de voluntades. Salvo el caso de Cuba, la mayoría de los Estados de la región cuentan con gobiernos electos en procedimientos democráticos y exceptuando Colombia, hay una merma de los conflictos armados internos. Pero el ascenso y caída del régimen de Fujimori, los intentos de golpes de Estado en varios países, la denuncia de fraudes electorales, la represión de manifestaciones sociales, el ascenso del para-militarismo, la intensificación de la guerra y las violaciones del derecho internacional humanitario constituyen señales de retroceso.
Primero veamos las razones por las cuales América Latina es considerada la región más desigual del mundo para que luego conozcamos la situación de los derechos humanos en algunos de los países que la conforman.
LA REGIÓN MÁS DESIGUAL DEL MUNDO.
Peces.
De acuerdo con el Informe Anual 2001 del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), América Latina es la región más desigual del mundo. Hay pobreza en enormes sectores de la población, discriminación, debilidad en la administración de justicia, impunidad para los abusos cometidos por agentes del Estado y falta de transparencia en los actos de gobierno. [5]
Desafortunadamente, la impunidad y la exclusión social caracterizan a la parte del continente americano que va desde México hasta Chile, pasando por Centroamérica y el Caribe. La impunidad no se circunscribe a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los gobiernos autoritarios, las dictaduras y las guerras civiles del pasado reciente, sino que también existe en los gobiernos elegidos democráticamente.
La ausencia de justicia y el incremento de la violencia común ha permitido la irrupción de discursos y prácticas autoritarias que se reflejan en situaciones como los denominados “linchamientos”, de presuntos delincuentes en países como Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador; en pedidos de “mano dura” respecto a la delincuencia; en el uso de la tortura y el gatillo alegre por parte de la policía, en países como Argentina, Brasil y México.
En ese sentido, la enorme cantidad de presos sin condena, las condiciones deplorables de las cárceles, la tortura, la falta de educación o de medidas de rehabilitación son notables. Esto provoca la aparición periódica de motines en las cárceles, huelgas de hambre y fugas.
La exclusión social continúa siendo una de las desafortunadas características del continente.
Igualmente, la participación política, el acceso a la educación, a la salud de los más vulnerables en la mayor parte de Latinoamérica continúa siendo marginal. Los indígenas y los afrodescendientes en casi toda la región forman parte de los más pobres y destituidos. En México, por ejemplo, el 80% de la población indígena vive en la pobreza, y 70% de los dos millones de desplazados internos en Colombia son afrocolombianos/as. [6]
América Latina cuenta con más de 200 millones de pobres, y la cifra seguirá aumentando del 43% en el año 2001 al 44% en el 2002, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicado este mismo año. [7]
Igualmente, en la región, según fuentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 25% del ingreso es recibido por el 5% de la población con mayores ingresos, mientras que el 30% de la población con menores ingresos recibe el 7.5% del ingreso total. [8]
Además, la pobreza viene acompañada de flagelos como la prostitución y el trabajo infantil. La exclusión de enormes sectores de la población responde en buena medida a que la mayor parte de los países no tiene políticas consistentes de derechos humanos en su acepción universal que garanticen el pleno goce de los derechos básicos de los latinoamericanos.
La pobreza y la exclusión han generado cuestionamientos fuertes a los partidos políticos de la región, y en ocasiones al mismo sistema democrático y a las políticas económicas.
Buena parte de la sociedad civil ha cuestionado fuertemente las políticas de liberalización de la economía debido a la falta de garantía de los derechos económicos y sociales básicos de los habitantes de la región que han quedado sin trabajo y desamparados de las redes de protección social de los Estados.
La exclusión de enormes sectores de la población responde en buena medida a que la mayor parte de los países no tiene políticas consistentes de derechos humanos en su acepción universal (no tienen políticas de la niñez, de salud, de educación, de seguridad social, de justicia) que garanticen el pleno goce de los derechos básicos de sus habitantes.
Estos cuestionamientos conllevaron a las manifestaciones de diciembre de 2001 en Argentina. La bandera de la movilización popular en Argentina, y su uso como ejemplo del fracaso de las políticas neoliberales, se ha extendido rápidamente a la región.
Es por esta razón que “mientras sólo el 38% de los norteamericanos van a las casillas electorales, en Brasil cerca del 80% de la población va a reivindicar un candidato atípico, distanciado de las oligarquías tradicionales y aún de las clases medias”. [9]
Atípicos también han sido los líderes indígenas que se han aproximado a la victoria electoral en Bolivia o Ecuador, o a la elección de un militar rebelde para expresar sus aspiraciones en Venezuela. Quiérase o no, ello refleja un conjunto de sentimientos y motivaciones que vienen de lo más profundo de dichos pueblos.
En el ámbito internacional, las aspiraciones por una democracia consolidada se han traducido en una serie de compromisos internacionales como la Carta Democrática Interamericana, proclamada bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA). También, durante la pasada década, once países reconocieron la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial del sistema establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969 o “Pacto de San José”.
LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Fulgencio Lazo. Igualdad de caminos
Ahora bien: ¿Cuál es la situación particular de los derechos humanos en algunos países de América Latina y el Caribe según los datos que recogen los informes de algunos organismos de defensa de los derechos humanos en el 2001?
En Perú, se avanzó en una política de derechos humanos, con un gobierno que promovió la búsqueda de la verdad y la justicia. Se dejó sin efecto el retiro del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se dio paso adelante en los procesos judiciales en contra de los violadores de los derechos humanos, y se pagaron indemnizaciones en algunos de los casos en trámite por ante la máxima instancia de justicia en el continente.
En México, se desclasificaron documentos sobre el paradero de los desaparecidos de décadas pasadas pero no fue posible promover una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las denuncias sobre tortura cometidas por agentes de la seguridad estatal continúan con la evidente complicidad de los funcionarios del poder judicial y la justicia penal militar continúa amparando la impunidad en delitos tan graves como la violación de mujeres indígenas menores de edad.
En Colombia, el número de desplazados por causa de más de 40 años de conflicto armado ascendió a 2.500.000 en el 2001 y el promedio diario de muertes por razones políticas ascendió a 20. Las masacres, ejecuciones, mutilaciones, secuestros y amenazas golpean en forma dramática a los sectores más vulnerables de la población, entre quienes se destacan las comunidades afrocolombianas, las comunidades indígenas, las mujeres y los niños y niñas.
El Estado colombiano permite que los actores armados se consoliden en su dinámica de devastación y muerte. La falta de respuesta efectiva de la justicia aumenta ese círculo de impunidad. Este panorama se agrava con la Ley 648 sobre defensa y seguridad nacional, aprobada por el Congreso de la República, dándole facultades judiciales a las fuerzas militares.
Mientras tanto, en Venezuela, a pesar de haber aprobado una legislación sobre los refugiados, el gobierno venezolano niega a los desplazados de Colombia ese estatuto. Igual suerte corren los colombianos que buscan amparo en Panamá y Costa Rica.
En Venezuela, se destaca la promulgación de una nueva Constitución política con amplias protecciones a los derechos humanos. Pero se mantienen problemas estructurales como la impunidad, la brutalidad policial y las terribles condiciones penitenciarias. Además, han aparecido nuevos problemas como la existencia y operación de grupos para-policiales y se han incumplido las resoluciones y recomendaciones de la Corte Interamericana. Otros problemas son la crisis institucional y la falta de independencia del Poder judicial.
En Argentina, tras las manifestaciones y movilizaciones que provocaron la renuncia del presidente De La Rúa, el gobierno actual mantiene la negativa a extraditar a los argentinos reclamados en otros países por delitos contra los derechos humanos. Como gran avance, se destaca la decisión judicial que declaró la nulidad absoluta de la ley de obediencia y punto final que garantizaba la impunidad de los militares comprometidos en violaciones de los derechos humanos desde la época de la dictadura.
En Chile, pese a la suspensión de la causa contra Pinochet, varios oficiales del ejército fueron procesados por hechos sucedidos durante la época de la dictadura. También, cabe destacar la derogación de algunos artículos de la Ley de Seguridad Interior del Estado que permitía sanciones legales por desacato a la autoridad, especialmente en aquellos casos en los que las críticas estaban dirigidas contra miembros de las fuerzas militares.
Un avance notable fue también la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal.
En Brasil, las fuerzas de la seguridad siguen con la práctica de la tortura en las comisarías y los centros de detención. El 85% de los detenidos carece de asistencia jurídica gratuita y la tortura aparece en todas las fases de la detención. Otro de los problemas es que el 1% de los propietarios agrarios detentan la propiedad del 46% de la tierra y en el campo es cada vez más extendida la práctica del trabajo esclavo.
En Paraguay, una tercera parte de la población vive por debajo de la extrema pobreza. La situación carcelaria es un problema grave, los presos siguen detenidos sin que se les condene de ningún crimen y las condiciones de detención son inhumanas. Además, la ley 1728, promulgada en el 2001, restringe el derecho de acceso a la información. Un aspecto positivo es el nombramiento de un “Defensor del Pueblo”.
En Nicaragua, durante el anterior gobierno de Arnoldo Alemán, las denuncias por corrupción y nepotismo fueron la constante. También preocupa el hecho de que existan restricciones para la participación política de las minorías. Por ejemplo, el impedimento de participación al partido indígena “Yatama”, que provocó una denuncia ante el sistema interamericano, demostrando las debilidades del sistema electoral.
El Salvador ha incumplido las recomendaciones del sistema interamericano relacionadas con el conflicto armado de los 80. Un caso tan representativo como el asesinato de Monseñor Romero continúa en la total impunidad.
En Guatemala, la corrupción generalizada agudizó la falta de confianza en el sistema judicial, lo que contribuyó al aumento de los linchamientos. [12]
En Cuba, las autoridades cubanas seguían sin renunciar a la imposición de restricciones al ejercicio pacífico de las libertades de expresión, asociación y reunión.
En Haití, se registró una politización de la policía y el sistema judicial.
En República Dominicana se registraron “homicidios ilegítimos”, malos tratos en comisarías de policía, hacinamiento en las prisiones y gran cantidad de presos preventivos.
CONCLUSIÓN.
La exclusión social, la impunidad y las malas condiciones penitenciarias caracterizan la situación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Un diagnóstico que no tiene nada de nuevo pero que se ve empeorado por la adopción del pensamiento neoliberal, que para muchos ha sido convertido en instrumento de bloqueo mental y político que aparta a los sectores dominantes y a las clases medias de sus propios pueblos.
En ese sentido, todo tipo de política de cooperación a favor de la vigencia de los derechos humanos en la región debe ser enfocada hacia los sectores más vulnerables de la población, que no sólo por cuestiones de índole económica, como la extrema pobreza y la pobreza, sino también de índole social, étnica, de nacimiento, son los que más sufren la falta de políticas que les tomen en cuenta.
Bohio de yagua, batey de San Pedro de Macoris, Republica Dominicana (2007)
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* Conferencia dictada por el autor en el encuentro “De la ética intercultural al codesarrollo social.” (2002). Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC. Universidad de Oviedo, Asturias, España. Publicada en CD en junio 2007.
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Notas
[1] Moncho i Pascual, Joseph Rafael. “Etica de los Derechos Humanos”. Editorial Tecnos. Madrid, 2000.
[2] Básicamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos internacionales sobre derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) de 1966.
[3] Dupuy, Pierre-Marie. “Droit international public”. Précis Dalloz. Editions Dalloz-Sirey. Paris, 1992.
[4] Dos Santos, Theotonio. “América Latina: Otra vez el mismo diagnóstico”. Cátedra y Red UNESCO-
UNU sobre Economía Global y Desarrollo Sostenible. 2002.
[5] Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Informe Anual 2001. Página 11.
[6] Ibid. Página 19.
[7] Foro por la defensa de los derechos económicos sociales y culturales en Centroamérica. Boletín:
Pobreza y corrupción. Noviembre, 2002.
[8] Centro por la justicia y el derecho internacional. “Informe Anual 2001”. Página 11.
[9] Dos Santos, Theotonio. Ibid.
[10] Le Monde Diplomatique. “Guerre social”. Noviembre, 2002.
[11] Centro por la justicia y el derecho internacional. “Informe Anual 2001”. Página 17
[12] Amnistía Internacional. Informe 2002: “Ahora que es la hora de saber”. Madrid, España. 2002.
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Acerca del autor
Eddy Augusto Tejeda es Doctor en Derecho (Universidad Iberoamericana, Santo Domingo); Master en Derecho Internacional Público (Universidad de París II); Master en Derecho europeo. Especialidad Derecho europeo. Formación Investigación (Universidad de París I); Master en Derecho internacional. Especialidad Administración internacional. Formación Profesional (Universidad de París I). Actualmente es investigador asociado de FLACSO en República Dominicana y Coordinador del Programa Migración y Derechos Humanos y de la Mesa Nacional para las Migraciones (MNM-RD). Instructor de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (EGDHDIH). E-mail: etejeda@flacso.org.do; eddyaugusto@hotmail.com
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