Por Bente Sorensen & María Cecilia Claramunt
IPEC/Organización Internacional del Trabajo (OIT)
http://www.ipec.info; ipec@oit.or.cr
CONCLUSIONES
Conclusiones generales
Los estudios confirman que hay presencia de los diversos tipos de explotación sexual comercial de personas menores de edad en todos los países estudiados. Niños, niñas y adolescentes son comprados diariamente como objetos sexuales por parte de personas adultas que los utilizan para tener relaciones sexuales, para producir pornografía o para exhibirles en espectáculos sexuales.
En cada país también hay existencia de personas que utilizan la situación de extrema vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes para hacer un negocio de su explotación. Así se detectan personas que promueven o facilitan la explotación a cambio de una remuneración, como por ejemplo taxistas, recepcionistas y proxenetas que funcionan como intermediarios entre la persona menor de edad y el explotador.
El problema de la explotación sexual comercial se ha globalizado en muchos casos, como ocurre con el turismo sexual, el tráfico de las personas menores de edad con fines sexuales y la divulgación de la pornografía vía la Internet. Particularmente Costa Rica y República Dominicana parecen estar afectados por el turismo sexual, mientras Guatemala presenta marcadamente la mayor cantidad de niños y niñas provenientes de otros países de la región (la mitad de los entrevistados), lo que puede indicar un nivel mayor de tráfico con fines sexuales hacia este país.
Otro indicador de la existencia de tráfico con fines de la explotación sexual, es que la mitad de los niños y niñas entrevistadas para los estudios dice que ha recibido ofertas para trasladarse para otra región u otro país para participar en relaciones sexuales remuneradas. A pesar de la existencia de tráfico de personas menores de edad con propósitos sexuales, la coordinación interinstitucional entre los países en la región es incipiente.
En toda la región existe además una tolerancia social inaceptable hacia este fenómeno. Más de tres cuartas partes de las personas adultas entrevistadas para el presente estudio dicen que conocen o han visto a personas menores de edad en la explotación sexual comercial, el 70% dice conocer lugares específicos donde ocurre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y 52% dicen estar dispuestos a poner denuncias, pero únicamente 7%, en promedio en los países, han puesto una denuncia. La falta de denuncia obedece al desconocimiento de la legislación, la percepción de que no se trata de un abuso sexual, y en algunos casos no se presentan denuncias por negligencia, miedo y falta de creencia en el sistema represivo.
La percepción generalizada es que la persona menor de edad es la responsable de las actividades sexuales comerciales y no son consideradas víctimas de una forma de violencia sexual y maltrato. Esto a pesar de que los países de la región han ratificado diversas convenciones internacionales que establecen que la explotación sexual comercial debe ser eliminada inmediatamente (Convenio 182 de la OIT); que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a estar protegidos contra la explotación sexual comercial (Convención sobre los Derechos del Niño) y que la utilización de personas menores de edad para actividades sexuales debe ser penada (Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño).
De esta manera hay explotadores que, de forma clandestina o abiertamente, establecen contacto con personas menores de edad con el fin de explotarles sexualmente, ante los ojos de la sociedad, sin que sean frenados y en muchos casos tampoco cuestionados por sus acciones.
Conclusiones sobre los explotadores
Sexo: Las personas menores de edad entrevistadas indican que en la mayoría de los casos los explotadores son hombres. Consultados sobre la última persona que pagó por tener relaciones sexuales, las personas menores de edad informan que fue un hombre en un 89% de los casos; una mujer en 9% de los casos o una pareja de un hombre y una mujer (1 %), el restante 1% no respondió la pregunta. Las relaciones de inequidad entre los géneros y la forma diferenciada de ejercer la sexualidad significa que hay una cantidad mucho mayor de hombres “clientes-explotadores” que de mujeres. No obstante, entre los proxenetas e intermediarios hay presencia tanto de hombres como de mujeres.
Edades: Los explotadores son de todas las edades y provienen de diferentes grupos sociales. Para la región en su conjunto, las personas menores de edad indicaron que el último “cliente”-explotador tenía menos de 22 años en el 20 % de los casos; que fue una persona entre 22-30 años de edad en 37% de los casos quien más recientemente les pagó por sexo; entre 30-50 años en el 37% de los casos y en 6% de los casos se trató de una persona mayor de 50 años. Por lo tanto, los explotadores son personas adultas y mucho mayores que las víctimas.
Lugar de procedencia: Consultadas sobre el lugar de procedencia de los “clientes”-explotadores, las personas menores de edad entrevistadas responden en el 71% de los casos que son “siempre” o “casi siempre” de la localidad, mientras estas dos opciones “siempre” o “casi siempre” son utilizadas por el 24% de los entrevistados cuando se pregunta acerca de que si son de otras localidades del país. 16% de la población menor de edad estudiada informa que los “clientes-explotadores” son siempre y casi siempre turistas y el 7% refieren que son extranjeros que viven en el país. Particularmente en Costa Rica y República Dominicana muchos niños y niñas responden que los explotadores son extranjeros residentes o turistas, lo que indica que el turismo sexual florece en estos países.
Los explotadores utilizan varios medios para contactar a las personas menores de edad para involucrarles en actividades sexuales. En casi la mitad de los casos los “clientes”-explotadores buscan a los niños, niñas y adolescentes en la calle directamente, en 10% de los casos los contactan telefónicamente y en 28% el contacto es establecido por medio de terceras personas, como pueden ser intermediarios que han hecho de la explotación un negocio o personas conocidas. El restante 18% utiliza otros medios de contacto, como por ejemplo responder a los anuncios periodísticos.
Los explotadores son personas que se sienten legitimadas para utilizar a niños, niñas y adolescentes como objetos que pueden comprar para su diversión en actividades sexuales. Provienen de diferentes clases sociales y son de todas las edades. Tienen en común el que son personas irresponsables que cometen un delito sexual contra personas menores de edad, excusándose con argumentos de diverso tipo. Muchas veces culpabilizan a las personas menores de edad por la explotación al argumentar que no lo harían con niños, niñas y adolescentes “normales”, o sea protegidos; argumentan que les proveen una ganancia económica. Justamente el pago es lo que hace que el explotador se siente liberado de toda responsabilidad sobre el daño que está causando y se siente legitimado para hacer cualquier acto con la persona menor de edad, lo que se traduce en embarazos forzados, infecciones de transmisión sexual, violencia física y sexual.
Conclusiones sobre las víctimas
En general, las víctimas son personas que han sido marginadas, violentadas en sus derechos desde la primera infancia y que han sido afectadas por las políticas sociales deficientes y la pobreza extrema. No obstante, es importante recordar que las causas de la explotación sexual no se deben buscar únicamente en las condiciones socio-económicas de las víctimas sino en los agresores.
Las víctimas son, en la mayoría de los casos, adolescentes del sexo femenino, aunque también hay presencia de niñas y niños y de adolescentes varones. Una cuarta parte de las víctimas entrevistadas tuvieron apenas 13 años o menos de edad cuando empezaron a ser explotados en actividades sexuales comerciales. Casi el 80% fueron insertadas en actividades sexuales comerciales a una edad menor de los 15 años o al tener 15 años de edad. Por lo tanto, se confirma que no se trata de una opción de vida elegida por las personas adolescentes, sino que es producto de abuso, y desprotección desde la primera infancia.
Esta desprotección ha iniciado incluso con los propios familiares, ya que es común que los padres no han cuidado bien de ellos. Tres cuartas partes de los padres los abandonaron a una edad temprana o incluso antes de nacer. Las víctimas han tenido una relación más estable con la madre, pero ésta no parece haber tenido las posibilidades socio-económicas para brindarles protección.
Situaciones de violencia física y psicológica al interior del hogar han provocado la expulsión de la mitad de niñas y niños entrevistados hacia la calle, donde fácilmente fueron convertidos en objetos de explotación por parte de adultos.
El incesto y otros abusos sexuales cometidos contra los niños y las niñas son factores de riesgo asociados a la explotación sexual y a pesar de representar violaciones graves de los derechos humanos, no se ha planteado una denuncia en más del 80% de los casos, lo que enseña a las víctimas que el abuso es tolerado en las sociedades.
Únicamente el 16% de las víctimas estaban estudiando al momento de ser entrevistados y casi la mitad de las adolescentes mujeres ya tenía hijos al momento de la entrevista, lo que les dificulta aún más seguir estudiando y les mantiene en un ciclo de pobreza.
Conclusiones sobre la prevención del problema
El primer congreso mundial contra la explotación sexual comercial fue el catalizador para crear una conciencia e interés mayor para detener el problema y las instituciones preocupadas por la situación se han agrupado en la mayoría de los países en Comisiones Nacionales contra la explotación sexual comercial de personas menores de edad, las cuales están institucionalizadas en menor o mayor grado.
Cuatro países de los estudiados (Guatemala, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana) cuentan con un plan de acción dirigido a detener el problema, uno (Nicaragua) cuenta con una política pública en la temática y dos países (Honduras y Panamá) están en proceso de desarrollar planes integrales.
Los planes intentan atacar el problema de una forma integral e incluyen acciones en diversos ámbitos (legislación, ámbito judicial, prevención, atención, sanción, etc.). No obstante, estos planes no están siendo implementados de forma efectiva, debido a la falta de recursos económicos, humanos y a un respaldo político decisivo.
A pesar de la existencia de las comisiones, la coordinación institucional dentro y fuera de los países es aún débil. Existe interés y una conciencia en las instituciones relevantes sobre la necesidad de coordinar las acciones para proteger a las personas menores de edad y para sancionar a los explotadores nacionales o extranjeros, pero la definición de responsabilidades, el desarrollo de procedimientos, mecanismos de referencia y contrarreferencia y la capacitación de los funcionarios de acuerdo con los mismos aún es un reto.
Programas de comunicación y sensibilización sistemáticos para la prevención de la conducta explotadora de personas adultas y para la no re-victimización de las víctimas personas menores de edad son prácticamente inexistentes. La mayoría de los programas de prevención han sido desarrollados por organizaciones no gubernamentales y/o financiados por agencias de cooperación externa. No obstante, hay varios sectores estratégicos, como los medios de comunicación y las universidades, que han mostrado un interés incipiente en participar en la lucha contra la explotación sexual.
Conclusiones sobre las respuestas legales y judiciales
Todos los países de la región se han comprometido a eliminar la explotación sexual comercial de personas menores de edad y proteger a las victimas al ratificar el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil en los años 2000-2001 y la Convención sobre los Derechos del Niño en los años
1990-1991.
Otros instrumentos jurídicos internacionales importantes para la eliminación aún no han sido ratificados por todos los países de la región, como por ejemplo, el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía; la Convención Interamericana sobre el tráfico internacional de menores; y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
Algunos de los países de la región (Honduras, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana) están aplicando leyes relativamente nuevas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que propician la protección frente a los riesgos. No obstante, la aplicación es débil y se requiere de un fuerte desarrollo institucional para lograr su efectiva implementación.
Los códigos penales aún no contemplan de una forma adecuada la sanción de los explotadores directos o indirectos que utilizan a personas menores de edad en actividades sexuales. Costa Rica es el único país en la región que ha hecho una adecuación mayor del Código Penal para tipificar las conductas relacionadas con la explotación.
En los códigos penales estudiados se encuentran vacíos en relación con la tipificación de los delitos; se utiliza una terminología poco adecuada; se discrimina a las víctimas por su edad o sexo dejándoles con poca protección frente a los explotadores y las penas para los explotadores son, en muchos casos, insignificantes en relación con las consecuencias que causa este tipo de violencia.
Muy pocos casos son denunciados y menos aún son investigados debidamente. Existe la percepción errónea de que las víctimas de la explotación sexual comercial, particularmente las adolescentes, no son verdaderamente víctimas y se tiende a culpabilizarlas y a depositar en ellas la responsabilidad de su propia explotación.
Existe en este sentido impunidad de los explotadores, y únicamente se ha logrado sancionar a pocos proxenetas, mientras que prácticamente no se ha logrado sancionar a clientes-explotadores, otros intermediarios o cómplices. Se puede avanzar mucho en la reforma legal para cerrar los medios utilizados por los explotadores e intermediarios para hacer el negocio de la explotación, como por ejemplo, restringir el acceso de adultos acompañados por personas menores de edad desconocidas a hoteles o establecer penas para los funcionarios que no cumplen con sus deberes legales.
Conclusiones sobre las respuestas institucionales para la atención a las víctimas
Existe una plataforma institucional, particularmente del sector social, que se está desarrollado en mayor o menor grado en los países estudiados y que puede brindar servicios que tienden a disminuir la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes frente a los explotadores. No obstante, las instituciones que lo conforman no tienen procedimientos establecidos ni están debidamente capacitadas para atender este problema en particular.
Los estudios encontraron que el sector educativo muestra grandes debilidades en la detección de casos de abuso sexual y hay desconocimiento sobre la obligatoriedad de realizar denuncias. Además, las víctimas entrevistadas señalaron que al dejar de asistir a los centros educativos, en más de la mitad de los casos, no fueron contactados por la escuela o el colegio para explorar por qué habían salido del sistema educativo o para buscar opciones para su reinserción.
Esto es parecido a la situación en los centros y clínicas de salud, dado que muchos de ellos han estado en contacto con las víctimas, por ejemplo con las adolescentes embarazadas y madres, sin que hayan logrado detectar la violencia sexual o sin dar una respuesta efectiva para su protección.
La situación del sector policial también parece grave, ya que no están claramente definidos los lineamientos que deben seguir los funcionarios al encontrar una persona menor de edad en actividades sexuales comerciales. Una cantidad significativa de los y las adolescentes, niños y niñas afirmaron haber sido detenidos y abusados sexualmente por funcionarios de este sector.
Tres cuartas partes de las víctimas entrevistadas para los estudios indican que no han recibido apoyo institucional. El apoyo institucional brindado a los demás no fue efectivo para los niños, niñas y adolescentes que lo recibieron, ya que ellos se encontraron aún en la explotación sexual comercial al momento de la entrevista. Por lo tanto, eso significa que existe una profunda necesidad de revisar las políticas y los programas de atención, desarrollar mecanismos de seguimiento e indicadores de éxito para cada víctima y para los programas como tales.
Nota
[1] Los autores de los estudios nacionales de 2002 que sirven de base a este informe fueron los siguientes: Costa Rica, María Cecilia Claramunt; El Salvador, Zoila González de Innocenti y Cintia Innocenti; Panamá, Enriqueta Davis; República Dominicana, Francisco Cáceres, Leopoldina Cairo y Antonio de Moya; Honduras, Mirta Kennedy; Nicaragua, Rosamaría Sánchez Lang; Guatemala, Ramón Cadena, Carlos Peralta Chapetón y Sergio Fernández Morales.
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