“No es posible olvidar el sufrimiento y las injusticias infligidas por los colonizadores a las poblaciones indígenas".
DiarioDigital RD, 25 de mayo, 2007
Por Servicios de Noticias TELAM
El Vaticano. El Papa Benedicto XVI admitió hoy que durante la evangelización de América Latina hubo “injusticias”, “sufrimientos” e incluso “crímenes injustificables”, días después de la controversia que generó en la región su defensa de la actuación de la Iglesia en ese período.
Las expresiones del titular de la Iglesia Católica durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano, difundidas por la agencia Ansa, se producen luego de fuertes reacciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez; más cuidadosas de su par boliviano, Evo Morales; y de enojo de asociaciones indigenistas y parlamentarios.
Las expresiones del Papa no llegaron a formalizar un pedido de disculpas a los pueblos evangelizados de América Latina, tal como lo había reclamado Chávez, aunque sí un reconocimiento de los abusos y errores de los evangelizadores.
De todos modos, las palabras de Benedicto XVI fueron interpretadas por varios medios, entre ellos la brasileña Agencia Estado, como una respuesta a los reclamos del mandatario venezolano.
El caso es que la oleada de protestas, en momentos en que se desarrolla en Brasil la V Conferencia Episcopal de América Latina (Celam), se escuchó también en Roma y el Pontífice, al repasar los puntos que trató en su visita al subcontinente, retomó la línea del mea culpa ya trazado, y en forma reiterada, por su antecesor Juan Pablo II.
“No es posible olvidar el sufrimiento y las injusticias infligidas por los colonizadores a las poblaciones indígenas, a menudo pisoteadas en sus derechos humanos fundamentales”, afirmó Benedicto XVI ante decenas de miles de personas presentes en la Plaza de San Pedro.
El Papa entendió que “la obligatoria mención de tales crímenes injustificables no debe impedir tomar nota con agradecimiento de la labor maravillosa cumplida por la gracia divina entre aquellas poblaciones durante estos siglos”.
El pasado 13 de mayo, durante la inauguración de la V Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica, en Brasil, el Papa expuso que la cristianización de América no supuso una “imposición de una cultura extranjera” ni una “alienación de las culturas precolombinas”.
También calificó de “retroceso” el intento de revivir religiones precolombinas, especialmente andinas.
Los religiosos reunidos en la V Conferencia de la Celam, darán a conocer el documento que tendrá entre sus puntos centrales un “llamado a los cristianos a comprometerse en la construcción de una sociedad más humana, más justa, más igualitaria y solidaria, en especial con los más pobres y necesitados”.
El Papa también lanzó una nueva embestida a la Teología de la Liberación, al afirmar que la Iglesia latinoamericana debe recuperar el estilo de “la primitiva comunidad cristiana” descrita en los Hechos de los Apóstoles.
“Asidua en la catequesis, en la vida sacramental y en la caridad activa” para presentar el Evangelio “sin reducciones ni confusiones, vigilando sobre el depósito de la fe con discernimiento”, es la misión cristiana.
Tras el discurso papal en Aparecida, la respuesta más dura estuvo a cargo de Chávez: “¿Cómo va a decir Su Santidad, cuando aún están calientes los miles de indígenas masacrados por los conquistadores, que cuando llego aquí Europa con las carabelas y los barcos y los arcabuses vinieron a evangelizar y no hubo ningún tipo de imposición?”.
El mandatario añadió que “aquí hubo un verdadero genocidio” y “ocurrió algo mucho más grave que el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.
Nadie puede negarnos esa verdad que todavía tiene que dolernos y nadie, ni el Papa, puede venir a negarnos el holocausto origen de esa tierra”.
Las palabras de Chávez fueron respondidas por el secretario del Estado Vaticano, cardenal Tarciso Bertone, quien afirmó que la Santa Sede “está preocupada con el surgimiento de gobiernos autoritarios en América Latina, como en Venezuela”.
Desde Venezuela, la postura de la Iglesia fue refrendada por el presidente del Concilio Plenario, Ovidio Pérez Morales, quien dijo que en su país se viven “involuciones de tipo marxista” y de “socialismo colectivista”, y agregó que “en ese sentido Venezuela no puede menos que generar preocupación.
Nota del Editor de epistheme
A partir de hoy, deberá darse crédito al cardenal Tarciso Bertone y a Ovidio Pérez Morales por el análisis del "involucionismo" (nueva version del heretismo) en el pensamiento transformador -- espiritual e ideológico -- latinoamericano. Todo lo que no huela a catacumba es motivo de sospecha.
******ONU: Maras no son peor fuente de violencia en Centro América
El informe, presentado en la sede de la Organización de los Estados Americanos, es el primero de su tipo que elabora las Naciones Unidas sobre Centroamérica.
elsalvador.com
Agencias/EE.UU.
Miércoles, 23 de Mayo de 2007
Las pandillas juveniles conocidas como "maras'' operan en los siete países centroamericanos con un total de 70.000 miembros, pero no son la fuente más crítica del alto índice de violencia y criminalidad que afecta a la región, según un informe de las Naciones Unidas difundido el lunes.
Junto a las pandillas están la geografía, el subdesarrollo, tráfico de drogas, historia de violencia de los estados y la corrupción pública que contribuyen a debilitar el capital humano y social, afectar negativamente el clima de negocios y socavar la democracia, según el informe “Crimen y Desarrollo en Centroamérica”.
Antonio María Costa, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, dijo en la presentación del estudio que en Centroamérica “hay países pobres atrapados en una encrucijada, con una enorme población de jóvenes y altos índices de desempleo y desigualdad en los ingresos”.
El informe, presentado en la sede de la Organización de los Estados Americanos, es el primero de su tipo que elabora las Naciones Unidas sobre Centroamérica.
El trabajo, según Costa, demandó más de un año y fue realizado en coordinación con organizaciones multilaterales como la propia OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo.
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, dijo que el informe debería llamarse más bien "crimen y pobreza'' por la relación directa entre ambos fenómenos sociales e hizo notar que el tema no era nuevo para la organización que ya le ha dedicado tiempo y recursos a su estudio y discusión en años recientes.
"Desde hace varios meses nosotros venimos insistiendo en que el tema de la violencia debe ser parte de nuestro discurso político cuando hablamos de política pública, gobernabilidad, desarrollo y democracia'', dijo.
"Espero que el trabajo que vamos a seguir haciendo vaya en esa dirección... para ver más atención y más cooperación en este aspecto''.
El informe considera como Centroamérica a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
En la mayoría de ellos, afirma, la historia reciente está plagada de conflictos de guerras civiles y la respuesta autoritaria a los levantamientos insurgentes.
Agrega que los más afectados por el problema de las pandillas son Honduras (con 36.000 miembros), Guatemala (14.000) y El Salvador (10.500).
Le siguen Nicaragua (4.500), Costa Rica (2.660), Panamá (1.385) y Belice (100), para un total de 69.145 en la región.
Esas cifras son menores que las calculadas por los gobiernos que dan un total de más de 100.000 en la región y unos 30.000 en Estados Unidos.
Las autoridades afirman que las pandillas son también la principal fuente de crímenes violentos, así como de consumo y tráfico de drogas.
Pero, según el informe de las Naciones Unidas, las estadísticas no permiten atribuir fehacientemente la responsabilidad de los maras en el auge de la delincuencia y el consumo y tráfico de drogas en Centroamérica.
En Honduras se afirma que las maras son responsables de la mayor parte de los delitos cometidos en el país, pero el informe dice que menos del 5% del total de todos los delitos son cometidos por menores de 18 años, grupo de edad en el cual se insertan mayoritariamente los pandilleros.
En El Salvador, las autoridades sostienen que las maras son responsables del 60% de todos los homicidios, pero "tampoco resultan claras las pruebas''.
Las investigaciones del Instituto de Medicina Forense de ese país sólo pudieron atribuir a las maras alrededor del 8% de los homicidios ocurridos con armas de fuego en el 2002.
En Guatemala, un reciente estudio policial señala que de 427 homicidios ocurridos en el país en el 2006 sólo pudo atribuirse 58 de ellos (14%) a las pandillas.
Nota del Editor de epistheme
En Honduras, la pena por dar muerte a una persona son 20 años, y por tener un tatuaje en el cuerpo, 30 años. Recientemente el Congreso de ese pais rechazó un pedido de las Naciones Unidas para que se revisara tal desaguisado. El Estado promueve asi el asesinato mientras usa a los jovenes como chivo expiatorio.
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Entre la Cosmética y el Fascismo: Nuestro Honorable Ayuntamiento Depredador [1]
Por: José Luís Hernández Cedeño
Abogado Ambientalista
El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) ha puesto en ejecución desde hace varios meses un programa de tala y derribo indiscriminado de árboles en distintas áreas verdes, parques y avenidas de la ciudad de Santo Domingo, con la finalidad de sustituirlos por palmeras.
Los ciudadanos contemplamos con estupor y asombro, un doloroso y desolador escenario que nos retrotrae a los peores momentos vividos tras los huracanes que han azotado la isla en las últimas décadas.
Encima, recibimos como explicación y respuesta por parte del cabildo, una extraña mezcla de sordera insolente y arrogancia consciente.
Hemos observado cierta reticencia por parte de las autoridades edilicias a ofrecer las informaciones relativas a cuáles han sido los criterios ecológicos de sustitución de plantas centenarias, flores y especies diversas.
Debemos saber cuáles empresas fungen como suplidores de palmeras, y también cuáles sectores o entidades de carácter técnico fuera del ámbito municipal y gubernamental han sido consultados, partiendo del hecho de que las decisiones ambientales por su naturaleza, están enmarcadas dentro del interés difuso.
En ese sentido es preciso señalar que, si bien es cierto los Ayuntamientos tienen una serie de facultades y prerrogativas autonómicas otorgadas por el ordenamiento legal vigente en diversos ámbitos, no es menos cierto que en lo relativo a la aplicación de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales - que también les corresponde -, se trata de Derechos Difusos, cuya naturaleza es el interés colectivo y supraindividual (llamados “de tercera generación”) los cuales son equiparables a los Derechos Humanos.
El artículo 178 de la Ley 64-00 otorga legitimidad procesal a cualquier grupo de ciudadanos para accionar ante el daño ambiental causado.
Conviene recordar a quienes tienen a su cargo la gestión ambiental del Distrito Nacional, que dentro de los principios básicos de la política ambiental en República Dominicana, el numeral 3 (tres) se refiere al Principio de Publicidad, que establece la posibilidad de acceso a la información ambiental de parte de todos los ciudadanos.
La gestión ambiental debe en consecuencia ser entendida como gestión social, participativa y comunitaria, donde la previsión y solución de los problemas ambientales sea fruto de la toma de decisiones coordinadas con la colectividad.
Contrario a tales criterios, la Unidad de Gestión Ambiental del ADN ha actuado con un sentido excluyente, distante, hermético y misterioso.
Las normas ambientales son de orden público, y en su aplicación, el ayuntamiento ha demostrado tener una extraña visión del medio ambiente, que oscila entre la cosmética y el fascismo.
En medio de todo este tinglado pedestre (literalmente), extraña la ausencia de la Sub-Secretaría de Estado de Recursos Forestales, a quien corresponde coordinar en esta área el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (art.49 ley 64-00) y del Procurador General para la Defensa del Medio Ambiente quien ostenta la representación del Estado y el interés general (art. 181).
Insólito y preocupante además, es la señal que se envía, pues el ayuntamiento tiene el poder sancionador y de gestión ambiental, cuyo primer instrumento es la educación, y en lugar de informar y participar: oculta; antes de conservar, incita a la depredación.
El rol desempeñado en este caso es totalmente opuesto a los fines que la ley le otorga.
La percepción inicial es que el propio ayuntamiento conspira contra la ciudad y transgrede la normativa.
¿Con qué calidad puede imponer sanción al ciudadano que derribe antojadizamente un árbol sin la autorización correspondiente?
Nota del Editor de epistheme [1]
En la foto mostramos a la geógrafa urbana, Dra. Amparo Chantada, una de las "almas" del movimiento ecologista dominicano.
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