Comité de Solidaridad con las Personas
Desnacionalizadas
Síntesis
Ejecutiva
Más
de 270 personas de los distintos ámbitos sociales se constituyeron hoy en un “Comité de Solidaridad con las Personas
Desnacionalizadas” por la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano de
septiembre pasado que dispone revocar la nacionalidad a los hijos de
inmigrantes ilegales que fueron inscritos en el registro civil hasta 1929.
Rechazando
la división de la sociedad dominicana por la siembra de odios y enconos, los
voceros del comité proclamaron una disposición constructiva para unir
voluntades y buscar una solución
constitucional y humana a la situación de decenas de miles de ciudadanos y
ciudadanas que serían empujadas a un gueto o apartheid.
La
declaración constitutiva presentada en una rueda de prensa alienta “la
sensibilidad expresada por el presidente Danilo Medina, quien reconoce la
necesidad de encontrar una solución al grave problema que representan las
personas desnacionalizadas”.
Indica que la
sentencia pretende una aplicación de una norma en perjuicio de miles de
personas, violentando el principio universal de irretroactividad de la ley,
ratificado en el artículo 110 de la Constitución vigente que reza: “La ley sólo
dispone para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable
al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos
o la ley podrán afectar la seguridad jurídica derivada de situaciones
establecidas conforme a una legislación anterior”.
El documento
sostiene que “Para excluir a millares de ciudadanos y ciudadanas de la
nacionalidad dominicana, el TC reinterpretó las constituciones dominicanas que
hasta la del 2010 otorgaban la nacionalidad a todas las personas nacidas en
territorio nacional, con excepción de los hijos de diplomáticos y “los que
están de tránsito”, extendiendo esto último por tiempo indefinido, en
contradicción con el Reglamento de Migración 279 del 12 de mayo de 1939, que
limitaba la condición de tránsito a diez días.”
El comité de
solidaridad afirma que “Estamos frente a un grave drama humano que rebasa los
límites de la inmigración y que, aún si faltare el derecho, obligaría a una
solución que evite la constitución de un apartheid de cientos de miles de
personas, el cual se trasmitiría indefinidamente a sus descendientes. Afecta a
seres humanos cuyo vínculo fundamental es la sociedad dominicana, que no se
podrían ir para ningún otro país”.
Resalta “la
perspectiva en que se coloca a la nación dominicana de espaldas a principios y
cuestiones básicas y sensibles de la convivencia universal marcada por los
movimientos migratorios, lo que nos expone a condenas internacionales ya
anticipadas por la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por la
jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Y sostiene que “Las
repercusiones podrían afectar a la extensa comunidad dominicana en numerosos
países, inclusive en aquellos donde nuestros nacionales luchan por regularizar
su estatus de inmigrantes. Por fortuna no se conoce un solo caso donde hoy día
se pretenda despojar de su nueva o doble nacionalidad a los hijos nacidos en el
exterior de nuestros emigrantes indocumentados. Aunque originalmente fuimos una
nación de inmigrantes, hoy día somos netamente de emigrantes y sus remesas han
sido y son sostén fundamental de la estabilidad económica nacional.”
Al anunciar una
serie de actividades masivas con las comunidades, como conciertos y asambleas
locales, y de búsqueda de consenso y voluntad en los sectores sociales influyentes,
incluyendo iglesias, empresariado, universidades, facultades de derecho y
grupos de juritas, los voceros del Comité sostuvieron que la solución al
conflicto “está dada en la
Constitución actual que reconoce la ciudadanía a todo el que la hubiese obtenido
antes de su entrada en vigencia el 26 de enero del 2010” .
El documento reconoce que esa misma Constitución excluyó de la
nacionalidad a los hijos de quienes residan ilegalmente en el territorio
nacional, pero también a partir de su entrada en vigencia, por lo que tras
proclamar ”una patria amplia para todos los hijos e hijas de esta tierra a quienes
se les reconoció la nacionalidad” formula un llamado a “concentrar la atención
en solucionar los problemas migratorios poniendo el acento en limitar los
flujos inmigratorios del presente en vez de una absurda persecución del
pasado”.
La presentación del
Comité estuvo encabezada por sus promotores el obispo episcopal Julio César
Holguín, el jesuita Mario Serrano, y los profesionales Carmen Amelia Cedeño, Miguel
Ceara Hatton, Juan Bolívar Díaz, Pavel Isa Contreras, Wilfredo Lozano, Manuel
Robles, Cristóbal Rodríguez, Ana Selman, la diputada Guadalupe Valdez y el
cantautor Víctor Víctor.
Entre las
personalidades que suscriben la declaración constitutiva del Comité figuran los
escritores residentes en el exterior Julia Alvarez, Junot Díaz, Silvio Torres
Saillant y Carlos Julio Báez. Los empresarios Franklin Báez Brugal, Fernando
Capellán, Georges Santoni Recio, José Yude Michelén y Mario Bergés, así como
los artistas Angel Haché, Pavel Núñez y Roldán Mármol.
También firman los
expertos constitucionalistas Olivo Rodríguez Huerta y Nassef Perdomo Cordero,
así como los juristas Francisco Alvarez Valdez, David Alvarez Martín, Emigdio Valenzuela,
Carlos R. Salcedo y Andrés Astacio Polanco.
Entre los
intelectuales aparecen Rafael Emilio Yunén, Hugo Tolentino, Andrés L. Mateo,
Avelino Stanley, Chiqui Vicioso, Angela Hernández y Manuel Matos Moquete.
También los religiosos Telésforo Isaac, Luis Rosario, Abraham Apolinario,
Eduardo García Tamayo y Milton Amparo.
Decenas de
reconocidos profesionales forman también parte del comité, entre ellos Bernardo
Defilló, Jacqueline Malagón, Enmanuel Castillo, Rosario Espinal, Hamlet
Hermann, Mu-Yien Sang Ben, Arismendi Díaz, Isidoro Santana, Rafael Toribio, Ada
Wiscovitch, César Pérez, Cristóbal Valdez, Miriam Díaz, Luis Shecker, Jeffrey Lizardo, Melba Barnett, Bernardo Castellanos, Roberto Alvarez,
Rosalina Perdomo, Alberto Rodríguez, Elizabeth Puig, Gustavo González,
Francisco Abate, Javier Cabreja, Argelia Tejada Yanguela, Amparo Arango, Pengsien
Rafael Sang Ben, Frank Báez Evertz y
Domingo Abréu.
Y entre los
periodistas figuran Homero Figueroa, Roberto Cavada, Miguel Guerrero, Fausto
Rosario, Brinella Fernández, Ramón Colombo,
Patricia Solano, Ana Mitila Lora, Gustavo Olivo, Melvin Peña y Edwin Ruiz
Santo Domingo, 5 de Noviembre del 2013
La libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse en todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. (Ejercito Negro Makhnovista, Ucrania, 1923).
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