Un Estado fallido planificado
“El crimen organizado ha ayudado al
control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han
conseguido que el pueblo no se organice, no crezca”. (Alejandro Solalinde)
El Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el
narco y los políticos para controlar la sociedad. Un Estado fallido que ha sido
construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor pesadilla de las
elites: una segunda revolución mexicana.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, grita María Ester Contreras,
mientras veinte puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la
Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre
del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por
su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya
que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y
lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.
Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el
Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar militantes
sino algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su
hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para IBM, secuestrado por el
narco para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. “Le
puede tocar a cualquiera”, advierte, diciendo que toda la sociedad está en la
mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno.
Fundem nace en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias
que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red
Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en
territorio mexicano. “Daños colaterales” los llamó el ex presidente Felipe
Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. “Son seres
que nunca tuvieron que haber desaparecido”, replica Contreras.
Peor que el Estado Islámico
Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad celebrada
en mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de
2013, se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la
“guerra al narcotráfico” en 2006. En mayo de 2013, Christof Heyns, relator
especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas dijo que el
gobierno reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de
1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual
gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios
(1.688 al mes).
La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las
muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narco
mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9.000 civiles, en
tanto el número de víctimas de carteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16.000
(Russia Today, 21 de octubre de 2014). Los carteles llevan a cabo cientos
decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos
de las víctimas, para después exponerlos para atemorizar a la población. “Con
el mismo propósito, los carteles también atacan a niños y mujeres, y, al igual
que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes
sociales”.
Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o
intimidaciones y desde 2006 los carteles han sido responsables del asesinato de
57 periodistas. El Estado Islámico asesinó dos estadounidenses, cuyos casos
ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los carteles mexicanos
asesinaron 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.
La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino porqué.
Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la
inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás
del narcotráfico.
Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la
fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso
destaca en su última edición que “desde el primer trimestre de 2013 el gobierno
federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y
funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en
las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor
repuesta (Proceso, 19 de octubre de 2014).
Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de
Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández
Navarro concluye que el hecho “ha destapado la cloaca de la narco-política guerrerense” (La Jornada, 21 de octubre de 2014). En ella
participan miembros de todos los partidos, incluyendo al PRD, de centro
izquierda, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca,
directamente implicado en la masacre.
Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas cuando la jerarquía
decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino
de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de
donde provienen varias madres que integran Fundem. Ellas no tienen local propio
y re reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las
madres trabajan codo a codo.
En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles
fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado
de Chiapas, entre ellas 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la
masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos al EZLN, el gobierno intentó
presentarlo como un conflicto étnico.
Controlar la sociedad
Por su larga experiencia, sostiene que la masacre de Ayotzinapa, “es un
mensajito al pueblo, es decirnos: vean de lo que somos capaces”, como sucedió
en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, que participaban en La Otra Campaña zapatista, fueron
brutalmente reprimidos con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 de
ellas violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el
actual presidente.
Esos “mensajes” se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre
Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina
la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirige
un alberque para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura
que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de
ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que
participaron en los sucesos y “reventaron por conciencia” (Proceso, 19 de
octubre de 2014).
Si el modo de asesinar revela un claro mensaje mafioso, deben develarse los
objetivos, hacia quiénes apuntan y porqué. La respuesta viene de la mano del
obispo Vera. Destaca la íntima relación
entre los carteles y las estructuras política, judicial y financiera del
Estado, al punto que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro.
Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país “SON el crimen organizado” y que, por lo tanto, “no estamos en democracia” (Proceso,
12 de octubre de 2014).
Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite
desatar el nudo. “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y
por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se
organice, no crezca”. Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el
subcomandante Marcos.
Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia.
Uno de sus constructores sobre el terreno, es el general Oscar Naranjo, quien
fue uno de los más destacados “arquitectos de la actual narco-democracia
colombiana” bajo el gobierno de Álvaro Uribe, como lo denunciara Carlos Fazio
(La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la DEA y “producto
de exportación” de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del
gobierno de Peña Nieto.
Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo
asegura que “siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por
asesores colombianos”. No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir
dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.
Pero hay más. “El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles
a través de la Operación Rápido y Furioso”, por la cual “involuntariamente” dos
mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es posible,
reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico como el europeo dedefensa.org, que el caos
mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía
que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica
que hay algo deliberado. Que pueda volverse boomerang a través de su extensa y
porosa frontera, tampoco debería ponerse en duda.
Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada y es
colaborador de ALAI.
Fuente: http://alainet.org/active/78251
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La libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse en todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. (Ejercito Negro Makhnovista, Ucrania, 1923).
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