Noticias del Frente Ecológico 124

Drogas y gestión del conflicto social en el cambio de siglo: ¿nuevos sujetos, nuevos espacios de riesgo? (Primera entrega)

Por: Oriol Romaní, Soledad Terrile y Julio Zino (Universidad de Barcelona, Departamento de Antropología / Grupo IGIA)

Publicado en: Da Agra, C., J. L. Domínguez, J. A. García Amado, P. Hebberecht y A. Recasens (eds.). (2003). La seguridad en la sociedad del riesgo. Un debate abierto. Barcelona, Atelier, Col. Políticas de Seguridad, 2., págs. 227-243.

0. Introducción.

Nuestro grupo pretende analizar las transformaciones que se están produciendo respecto a la construcción social del fenómeno "droga" y de su correspondiente sujeto principal, el "drogadicto". El "problema de la droga" ha estado en el centro de las políticas de seguridad en el interior de muchos Estados, y en la agenda internacional en diversas épocas del siglo XX, de las que destacaremos principalmente las décadas 1980-2000. Se ha constituido como un objeto que no se puede obviar en el estudio de las políticas de seguridad en nuestras sociedades del riesgo.

¿Quiénes han sido los encargados de definir, por un lado, y de realizar, por el otro, las políticas de control sobre drogas y "drogadictos"? ¿Continúa jugando el "drogadicto" el mismo rol de chivo expiatorio que a inicios de los ochenta del pasado siglo, está siendo parcialmente sustituido por el "narcotraficante", o lo relevante es la ambivalencia semántica entre los dos conceptos? ¿Se sostienen todavía las motivaciones que sitúan a "la droga" junto al "terrorismo", la "inmigración" y otras "lacras" de las sociedades contemporáneas como justificaciones para las "políticas duras" de seguridad? ¿Qué relación tiene "la droga" con la gestión del conflicto social derivada del crecimiento de las desigualdades y de la movilidad de las poblaciones mundiales en estos últimos veinticinco años? Estas son algunas de las principales cuestiones a las que intentaremos aportar elementos para su respuesta en esta pequeña indagación que aquí proponemos que, en definitiva, se sitúa en la línea de clarificar las relaciones entre el fenómeno de "la droga", el riesgo (sus definiciones, percepciones, etc.) y las formas de control que se están desarrollando respecto a él en nuestras sociedades.

Para ello planteamos en primer lugar una mirada histórica a los procesos de control y definición de ciertos productos psicoactivos, asociados a grupos sociales, considerados potencialmente peligrosos, y que serán etiquetados como alcohólicos, drogadictos y/o narcotraficantes. Luego analizamos dos enfoques que aparecen como contradictorios: las Políticas de Reducción de Daños (PRD) en drogas, por un lado, y por otro las políticas de control de la inmigración, justificadas en el "terrorismo" y "la droga". [EN LA SEGUNDA ENTREGA, PRESENTAREMOS…. (Nota de epistheme)] Un análisis de caso, forzosamente esquemático por el espacio disponible, nos mostrará cómo se aplican estas últimas en las prácticas sociales de la Plaza Real de Barcelona, definida como un "territorio psicotrópico". Todo ello nos permitirá establecer algunas conclusiones alrededor de la gestión del conflicto social en las sociedades urbanas de inicios del S. XXI.

1. Los procesos de definición de alcohólicos, drogadictos y otras "gentes de mal vivir".

1.1. La Revolución Industrial y algunos de sus costos.

Partiendo del hecho que las drogas son un factor estructural de las sociedades humanas, podemos constatar como en cada una de ellas y en distintas épocas históricas existen variadas formas de control de las drogas, como de tantas otras cosas de la vida social. Podríamos hacer un gradiente, no forzosamente evolutivo en el tiempo: desde aquellas sociedades en las que no existen instituciones formales de control, donde también las drogas y sus usos autónomos por los grupos sociales funcionan a través de la costumbre y el ritual; hasta las sociedades que han ido construyendo instituciones formales, donde podemos encontrar que se articulan de manera más o menos conflictiva la fuerza de los usos y costumbres, con distintas agencias formales del control de drogas, como objetivo específico o como parte de objetivos que abarcan campos más amplios que el de las drogas.

En este primer punto daremos algunas referencias que permitan entender cómo se ha ido construyendo, sobre todo en las sociedades europeas, todo el actual complejo de control de las drogas, que después analizaremos. Esta construcción va ligada a la de los estados modernos. Así, entre los primeros controles formales de las drogas (en sentido genérico: remedio, medicamento, fármaco, droga…) por parte de la autoridad política que conocemos en la Europa moderna es la que se instaura a principios del S. XV en Nápoles por el rey Martí l'Humà, que pone bajo monopolio del farmacéutico una serie de productos, iniciándose de este modo uno de los sectores más regulados del mercado comercial de los países occidentales (Pitré, 1939; Comelles, 1996; Courtwright, 2002). Aunque no todos los productos fueron regulados del mismo modo ni siguieron los mismos caminos; por ejemplo, un poco más tarde (SS. XV-XVI), y principalmente en el centro de Europa, la destilación de alcoholes se liberó de este monopolio de boticarios y médicos, lo que dio un gran empuje a esta industria (v. Braudel, 1974).

Ya en el S. XVII, y en Francia, nos encontramos con que la creación de la policía moderna por La Reynie estuvo relacionada, entre otras cosas, con una historia muy significativa, para el tema que estamos contando: la investigación del caso en que algunas damas de la alta sociedad parisina habían montado el negocio de facilitar envenenamientos a demanda de sus clientes, en la década de 1660 (énfasis de epistheme). A partir de entonces se impone la obligatoriedad de la receta médica para una serie de sustancias, cosa de todos modos imposible de cumplir en un país de unos veinte millones de habitantes, y solo 500 médicos, y unos 30.000 barberos cirujanos (v. Lebigre, 1989). La cuestión es que durante la época en que se producirá la Revolución Industrial en los principales países europeos (ss. XVIII a XX), las poblaciones urbanas, cada vez más numerosas, compran el producto al farmacéutico, pues se les ha dificultado el acceso al medio natural del que se podían obtener remedios tradicionales, más baratos, y pocos podían ir al médico, que era mucho más caro.

Durante el S. XVIII hubo un fuerte crecimiento del mercado basado en las farmacopeas nacionales, es decir, el registro escrito de los medicamentos disponibles, muchos de ellos provenientes de suelo americano. Fue un paso más en el control de las drogas, pues contribuyó a romper la cadena de transmisión de los saberes populares, distinguiendo el lenguaje popular ("lo que no vale") del lenguaje técnico ("el bueno"). Ya en el XIX, la mayoría de estas sustancias, casi con la excepción de la quinina, utilizada contra el paludismo, eran paliativos, algunos de ellos obtenidos de opiáceos, relativamente potentes y con pocos efectos secundarios, baratos y fáciles de hacer (infusiones, elíxires, pomadas...), y muchos analgésicos basados en el opio y el alcohol, como el láudano, los tónicos, la morfina, etc. Algunos de ellos llegaron a adquirir una gran popularidad, no tanto porque curaran, sino porque ayudaban a vivir y a morir un poco mejor.

Esta farmacopea era funcional, tanto para las clases propietarias, en una fase de acumulación del capital basada en la sobreexplotación más cruda de las masas trabajadoras, donde de lo que se trataba era de que estuvieran aptas para el trabajo, como para éstas, pues desmantelado el sistema de protección social del Antiguo Régimen -organizado sobre la solidaridad social en el grupo doméstico o en instituciones comunitarias- y todavía sin una nueva institucionalización de la asistencia, los analgésicos y estimulantes, obtenidos en la taberna o en la farmacia, les permitían resistir como fuera las más duras jornadas de trabajo, que era su único seguro para sobrevivir. Además, el traspaso de la responsabilidad de cuidarse a nivel individual educó a las masas para un nuevo modelo de integración social basada en la relación individualizada con las instituciones (Menendez, 1990a).

La popularidad de todas estas drogas será estimulada, a partir de mediados del XIX, por una política publicitaria sistemática, que el sector farmacéutico es el primero en desarrollar en el mundo contemporáneo. El discurso de esta publicidad se basa no tanto en conceptos y términos científicos, como en la pertinencia cultural respecto al público a la que va dirigida, es decir, en la experiencia, en la confianza, en la fe... aprendiendo así que el medicamento hace milagros (v. Goulet,1987; Comelles,1994). De este modo empieza a configurarse una situación que se desarrollará más intensamente en el siglo XX, o sea, la incitación al consumo, por un lado, y una mayor reglamentación del acceso a los productos, por el otro.

Desde los inicios del S. XX, el modelo clásico de la medicina, en que el médico tenía que negociar la gestión de la enfermedad con las redes sociales de sus pacientes, deja paso al modelo hospitalario, basado en la microbiología, organizado a partir de la medicina experimental, con el uso de tecnologías (entre ellas, la jeringuilla o los fármacos producidos a partir del aislamiento de principios activos), la exigencia de una formación médica específica y reconocida por el Estado, etc. Esto forma parte de un desarrollo institucional que tiene que responder a las reivindicaciones sociales de las clases proletarias, y que también abarca la reorganización de diversas instituciones sociales y estatales, entre ellas las penales y psiquiátricas. Se trata globalmente de extender los mecanismos de seguridad social, al mismo tiempo que de incrementar el control sobre las poblaciones, sobre todo a través de su clasificación. En el tema que nos ocupa, ciertos medicamentos pasarán a ser controlados exclusivamente por los médicos, otros (los llamados éticos), serán de venta libre en las farmacias, y otros se irán restringiendo principalmente a partir de intervenciones penales; pero todos ellos formarán parte de aquellos procesos de clasificación, situándose en distintos lugares del eje "normalidad-patología/marginación" (v. Romaní et Comelles, 1991).

1.2. El siglo XX: de los empresarios morales a los profesionales de las drogas.

Desde los inicios del S. XX unos nuevos personajes cobran protagonismo en este terreno: los empresarios morales, según expresión de Becker (1972). A partir del experimento de la prohibición del opio en Filipinas en 1900 serán los que impulsarán las campañas para la prohibición de distintas drogas (la mayoría con éxito, excepto en el caso del alcohol) para, según ellos, solucionar los males que su consumo acarreaba.

            La fiscalización de algunos fármacos, la consideración jurídica de su trato y consumo como delito, la firma de tratados internacionales, en fin, la creación de una serie de leyes y de agencias específicas de control sobre drogas, que suponen también la creación del concepto contemporáneo de "droga" como un estigma contaminante, son los principales rasgos del modelo penal de gestión de las drogas basado en el prohibicionismo. Será el modelo hegemónico a lo largo de todo el siglo XX, aunque deberá de articularse, sobre todo, con el previamente existente modelo médico, que sufrirá fuertes transformaciones. La principal característica de este último sería su consideración del "drogadicto" como un enfermo al que, como tal, hay que diagnosticar, prescribir y tratar siguiendo los itinerarios terapéuticos basados en la biomedicina (v. Romaní, 1999).

            Nos interesa destacar que los discursos, las argumentaciones fundamentales sobre las que se han basado ambos modelos han sido de tipo moral. Esto, que a principios del S. XX era diáfano y evidente, quedará progresivamente enmascarado en argumentaciones en las que los elementos científicos y basados en la salud pública irán adquiriendo una progresiva importancia. Lo cual tiene una lógica: en la sociedad moderna, cuya visión hegemónica del mundo se pretende basada en la ciencia y la técnica, cualquier discurso tiene que acabar refiriéndose de algún modo a los valores que ellas suponen, si quiere alcanzar un consenso amplio. Así, si en el cambio de siglo la prohibición del opio en Filipinas se podía fundar sobre argumentaciones moralistas, religiosas, etnocéntricas y racistas, como demuestran Gamella y Martín (1992), ello ya no será posible unas décadas más tarde, cuando el desarrollo científico-técnico y la democracia sean los dos signos de identidad básicos de las sociedades europeas modernas. Además, el prohibicionismo creó unas condiciones de uso de algunas drogas realmente negativas, con lo cual acabó actuando como la profecía que se auto-cumple.

            Ambos modelos, pues, se basaron durante largos años en el paradigma prohibicionista, cuya columna vertebral eran los principios de una determinada moral de tipo represivo. Se podía producir así una doble trayectoria institucional y un doble etiquetamiento (policial y médico), con todos los problemas que ello comportaba para los que eran etiquetados de drogadictos. En realidad sus formas de articulación en los distintos contextos sociales y culturales son las que definen todavía las ideologías y las prácticas dominantes en el campo de las drogas. Y subrayamos lo de todavía porque, como veremos enseguida, esta situación parece haber entrado en crisis.

            Hay que señalar que mientras las argumentaciones morales eran coherentes con el modelo penal, quizás no lo eran tanto con el modelo médico, aunque durante largos años fueron utilizados con gran profusión también por éste, en una especie de simbiosis del lenguaje científico-positivo con metáforas e imágenes de tipo para-religioso (énfasis de epistheme), en un caso típico de transacciones entre distintos modelos. Sea como fuere, el lenguaje de "la lucha contra la droga" podía escucharse en las distintas versiones de los profesionales que fueron apareciendo ligados a ella en este proceso: desde policías, jueces y burócratas, a médicos, terapeutas o periodistas, como parte de nuevas profesiones especializadas en el tema, o como especialistas en él dentro de profesiones ya asentadas anteriormente. Pero, hacia inicios de la década de los noventa, cuando la aplicación del modelo penal parecía estar en su auge dadas las condiciones del contexto internacional, que pusieron en el primer plano de la geopolítica "la lucha contra el narcotráfico", también se empezaron a sentir con fuerza las críticas de profesionales de los sectores ahora citados al paradigma prohibicionista en que se asentaban ambos modelos.

            ¿Qué había pasado para que estos profesionales que, teóricamente, debían estar en "el corazón del sistema" de control de drogas juntaran sus voces a los que ya lo habían criticado "desde fuera"? Hay elementos generacionales, de integración de aspectos contraculturales en la cultura occidental de fin de siglo, de crítica formal desde el propio campo jurídico a la falta de garantías mínimas (pues las leyes sobre drogas vulneran principios como el de proporcionalidad, el de intervención mínima o el de seguridad jurídica)… aspectos en los que no entraremos, aunque son importantes, para centrarnos sólo en los siguientes:

            Por un lado, la cada vez más clara constatación del fracaso del modelo prohibicionista (por lo menos en los propios términos de su discurso), pues aquella utopía del "mundo sin droga" a base de reglamentaciones legales no llegaba nunca, sino todo lo contrario. Por otro, el progresivo desvelamiento de los efectos perversos de dicho modelo, no solo porque crea unas condiciones de uso de las drogas estigmatizadas muy negativas, sino también por la transgresión de los derechos más elementales que muchas veces significa su aplicación, incluyendo aquellos que el modelo médico debía garantizar, básicamente el tratamiento. Se iba constatando así que la criminalización impedía el contacto entre la gente con problemas de drogas y las instituciones encargadas de la ayuda terapéutica, lanzaba a las consultas enfermos imaginarios, enmascaraba los problemas de salud reales que pudiera haber bajo la capa de cuestiones sociales y jurídicas que normalmente había que resolver antes, interfería en la dinámica de funcionamiento de muchos centros de atención, etc. A ello habría que añadir el cuestionamiento, por parte de algunos sectores médicos con cierta capacidad de influencia en agencias internacionales como la OMS, no sólo del enfoque que se daba a la intervención sobre drogas, sino al más dominante del campo de la salud, de tipo biomédico, pues planteaban que era un tipo de intervención que para la gestión de problemas de salud, no era el más adecuado y resultaba muy caro y poco eficaz al no tener en cuenta los factores socioculturales implicados en él. También los profesionales de asistencia del sector drogas empezaban a reclamar un mínimo de coherencia entre el rol de ayuda que les asigna la sociedad, y unas políticas sobre las mismas que, por lo menos, no dificultaran todavía más su trabajo.

1.3. El nuevo paradigma de las Políticas de Reducción de Daños y las contradicciones de las estrategias sobre drogas.

A todo lo visto en el párrafo anterior, habrá que añadir dos aspectos más que contribuirán a que acabe cuajando un nuevo paradigma sobre las drogas, que es el de las denominadas políticas de reducción de riesgos y daños en drogas: uno de tipo socio-político, y otro de tipo tecnológico-social.

            En cuanto al primero, nos referimos a los complejos procesos que acompañan a las prácticas económicas dominantes, es decir, al fenómeno de la globalización económica y la desregulación del mercado, procesos entre los que destacamos el de la crisis fiscal del Estado y demás instituciones públicas. Las instancias en las que se ejerce la política, además del Estado, son cada vez más: a) agrupaciones regionales que surgen de la asociación de varios Estados, b) entes políticos basados en comunidades identificadas a partir de referentes étnicos más o menos tradicionales, muchos de ellos revitalizados en la actualidad, y c) municipios y/o zonas metropolitanas, es decir, allí donde se dan las principales relaciones sociales de la vida cotidiana, entes que van adquiriendo (en una perspectiva histórica deberíamos decir otra vez) un progresivo protagonismo en la gestión de los asuntos públicos (v. Borja y Castells, 1997). Respecto a estos últimos hay que señalar que esta "localización" de la gestión se da en aquellas facetas de problemas sociales -como la pobreza, la violencia, la marginación o las drogas- que no afecten a la dinámica ni de la economía general, ni de la estructura política estatal, pues entonces es cuando se convierten en "asuntos de Estado". Pero si no, y entre otras cosas, permiten descongestionar la administración estatal y/o regional, y facilitan una mayor participación ciudadana, tanto en la elaboración de la forma de ver el problema como en las posibles vías de solución o contención del mismo.

            En el caso de las drogas esto parece ofrecer mayores posibilidades de maniobra que en etapas anteriores, porque permite comprometer más a los distintos sectores afectados por el tema, usuarios incluidos. Las políticas generales de salud pública y de tipo criminal continúan perteneciendo a la administración estatal, que tiene sus atribuciones e instituciones para realizarlas. Pero en cambio, muchos municipios o entidades municipales tienen, a partir de un cierto nivel, competencias propias que les permiten desarrollar políticas más o menos específicas en educación -sobre todo por lo que se refiere a prevención, grupos con necesidades especiales, etc.-, atención primaria en salud, problemas sociales de marginación y descomposición de las relaciones sociales primarias, así como en relación a delitos menores, faltas y similares (v. Fresco et. al, 1997).

            En cuanto a los aspectos tecnológico-sociales, nos referimos principalmente a una cierta normalización "de facto" de muchos usos de drogas que se ha dado en los últimos años a la que, entre otros muchos factores, han contribuido también las nuevas tecnologías, en un doble sentido del término: por un lado, la aparición de las llamadas nuevas drogas de diseño (¡que no son tan nuevas!) consumidas preferentemente por grupos de jóvenes sin especiales problemas de marginación o de tipo psicológico; y por el otro, el uso de internet para la obtención y el intercambio de informaciones sobre distintas drogas, uso que, si bien no es tan generalizado como a veces se nos quiere hacer creer, sí que tiene un efecto multiplicador de los flujos de información que por allí circulan y, además, tienen la capacidad de que éstos rompan los límites impuestos por la dinámica de las instituciones políticas, escolares y mediáticas (v. South, 2000).

            Todo ello, como decíamos, ha contribuido a reforzar las políticas de reducción de riesgos y daños, cuya orientación general queda plasmada en esta declaración del Consejo de Ministros de la Salud de la Unión Europea del 16 de mayo de 1989, un reconocimiento político de la necesidad de las políticas de reducción de daños: "Las políticas de acción para resolver los problemas que resultan del consumo de drogas deberían revisar su objetivo final -abandono del consumo- y considerar objetivos intermedios -disminución de la mortalidad, limitación del riesgo de infección por VIH u otros agentes infecciosos, reducción de la marginalidad, etc.-, como aspectos esenciales que hay que atender". Y el Plan Nacional sobre Drogas del gobierno español define los Programas de Disminución de Daños y Riesgos (PDDR) como "el conjunto de estrategias, tanto individuales como colectivas, que se desarrollan en el ámbito social, sanitario y terapéutico encaminadas a minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo de drogas" (Nieva et al., 1995: 26 y 27).

            La diferencia fundamental con la política más ortodoxa hasta el momento es que ya no se trata de "la lucha contra la droga", sea a nivel social ("acabar con la droga") sea a nivel individual (abstención total), sino que no se cuestiona el hecho de consumir o no consumir, ya que de lo que se trata es de reducir los riesgos que pueden conllevar ciertos tipos de consumos de algunas drogas. De las que, por cierto, ya se habla en plural, reconociéndose su diversidad, e incluyendo muchas veces tanto las legales (institucionalizadas) como las que no lo son.

            Como se habrá podido observar, las dos declaraciones que hemos presentado plantean medidas sanitarias y medidas sociales, sin las cuales las primeras serían del todo inviables. Esto significa que programas técnicos, como pueden ser los de suministro e intercambio de jeringuillas y preservativos; los de mantenimiento y tratamiento con metadona, otros substitutivos o, directamente, con heroína o morfina; los centros de acogida de "baja exigencia", etc., necesitan de una serie de medidas sociales, en definitiva, de un contexto sociocultural que las haga realizables. Un contexto que requiere cambios sociales, culturales y políticos, por más que a veces, por dificultades de algunos profesionales de "cambiar el chip" adecuándose a la nueva situación, por inconsecuencia teórico-práctica, o por cuestiones tácticas, no se plantee explícitamente dicha cuestión, sobre todo por lo que se refiere a los últimos aspectos, los políticos.

            Pero está claro que el prohibicionismo es incongruente con el reconocimiento del derecho al consumo de drogas, el de los consumidores como ciudadanos, con la estigmatización de determinados usuarios (los "drogadictos") -cosa que dificulta en gran manera las intervenciones con ellos-cuando es mucho más próxima a la realidad la afirmación de que la gran mayoría de la población consume algún tipo de droga, sea legal o ilegal-. Y esto conlleva que una parte nada desdeñable de los esfuerzos y recursos de las políticas de reducción de daños todavía tengan que dedicarse a la articulación entre sus programas y el "prohibicionismo realmente existente", y a intentar paliar los daños ocasionados por éste.

            A pesar de todos estos problemas, y presionadas por la necesidad de contener el conflicto en unos límites manejables, en muchas de aquellas instancias políticas locales/regionales (no solo europeas) a las que nos hemos referido más arriba, inmersas en el contexto de la famosa "crisis fiscal", se realizan unas prácticas orientadas por las políticas de reducción de daños. Estas instituciones no pueden permitirse exacerbar todavía más el conflicto, como por experiencia saben que ocurre con la aplicación de la óptica prohibicionista, la cual ha generado unos costos (sanitarios, económicos, políticos…) que con las actuales limitaciones no podrían afrontar. Mientras, las leyes estatales han cambiado, por lo general, bastante poco, y las instancias internacionales, principalmente los organismos de las NNUU y, en especial, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), intentan mantener con toda su pureza y vigor el modelo prohibicionista, amenazando incluso, en sus últimos informes anuales, derechos fundamentales como el de expresión o información, y pronunciándose explícitamente contra algunos aspectos de las políticas de reducción de daños.

            La centralidad del fenómeno del narcotráfico no es ajena a todas estas contradicciones de las estrategias sobre drogas. La "lucha contra el narcotráfico" forma parte de las argumentaciones que han justificado la política intervencionista de los EEUU, sea en Latinoamérica, cuyo episodio más paradigmático es en la actualidad el Plan Colombia, sea en otros puntos calientes del mundo, como sería el caso de la guerra de Afganistán. Y aunque las luchas por el control de los recursos energéticos, de las comunicaciones, de la información, etc., poco tengan que ver con la salud pública y la de las personas (excepto que acostumbran a ser muy perjudiciales para la misma) estas luchas llevadas a cabo, entre otros, en el campo del narcotráfico, acaban condicionando, constriñendo, aspectos importantes de las estrategias sobre las drogas.

            Además, después del 11 de septiembre, el intento de la única superpotencia existente de imponer su ley al resto del planeta ha experimentado un salto cualitativo, en el que participan también sus acólitos, entre los que nos interesa destacar, en Europa, los gobiernos de Inglaterra, Italia y España. El "terrorismo" y la "inmigración", insistentemente asociados en sus discursos, y catapultados a un primer plano de la realidad "virtual" que se pretende fabricar (incluso el narcotráfico ha quedado relegado, por el momento, a un segundo plano) son los motivos que arguyen para la restricción de libertades fundamentales y, en general, para la aplicación de las políticas de control social "duro" que necesitan para reorganizar las relaciones de poder todavía más a su favor, y para las que saben que no cuentan con el consenso de partes significativas de las poblaciones de los diversos países, afectadas negativamente por esta reorganización, sobre todo en aspectos sociales y económicos vitales para su existencia.

            Parece cerrarse así el círculo de terrorismo-droga-inmigración que, desde la crisis de mediados de los setenta, por lo menos en Europa, ha sido el pilar justificativo de las reglamentaciones y los discursos que tienden a un control intensivo de distintas poblaciones definidas como potencialmente peligrosas, como un riesgo social, para gestionar la reordenación del mundo iniciada desde entonces. En estos momentos, el inmigrante, es decir, las personas pobres y/o proletarias provenientes del llamado tercer mundo, se ha convertido en una figura central en estas estrategias del poder. En su discurso es el que nos quita el trabajo y las ayudas sociales, es el que hace aumentar la delincuencia, es el que trafica con drogas, es el sospechoso número uno de terrorismo… Y si bien sabemos que esto no es así, pues en las actividades en competencia por los recursos básicos, en las delincuenciales de diverso tipo y en las terroristas encontramos a personas del más diverso pelaje, lo cierto es que no se puede obviar el análisis de estas formas de percepción y gestión del conflicto social si queremos entender las dinámicas subyacentes en muchos de los problemas que tenemos planteados, entre ellos lo de las drogas.

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Cortesía de Oriol Romaní