Noticias del Frente Ecológico 125

Drogas y gestión del conflicto social en el cambio de siglo: ¿nuevos sujetos, nuevos espacios de riesgo? (Segunda y última entrega)

Por: Oriol Romaní, Soledad Terrile y Julio Zino (Universidad de Barcelona, Departamento de Antropología / Grupo IGIA)

Publicado en: Da Agra, C., J. L. Domínguez, J. A. García Amado, P. Hebberecht y A. Recasens (eds.). (2003). La seguridad en la sociedad del riesgo. Un debate abierto. Barcelona, Atelier, Col. Políticas de Seguridad, 2., págs. 227-243.

2.      ¿Nuevos sujetos de riesgo? El caso de un "territorio psicotrópico".

Creemos que este planteamiento teórico general que hemos desarrollado hasta aquí, es indispensable contrastarlo con un análisis empírico, por lo que proponemos el análisis de un caso que nos permita, "a nivel de calle", captar en su funcionamiento cotidiano y en toda su complejidad por lo menos alguno de los aspectos básicos de este planteamiento general. El análisis de un "territorio psicotrópico" como es la Plaza Real de Barcelona será útil para ello.

En efecto, la Plaza Real de Barcelona, puede ser descrita como un territorio psicotrópico en el sentido de un espacio geo-social fuertemente identificado con la droga, la delincuencia y la inmigración (para su definición, ver Fernandes, 2002). Asimismo, puede ser tomada como un lugar paradigmático del control social, ya que es posible inferirlo mediante la observación de la plaza a través de los diferentes momentos históricos. Es decir, si bien la estructura física de la plaza como espacio urbano, prácticamente no ha cambiado con el transcurso del tiempo, sí en cambio mutan los actores, las distintas redes de relaciones sociales entabladas y las políticas de seguridad aplicada a la misma. Se puede decir que en ella reposa un poco el ojo público de la ciudad.

Desde 1980 hasta 1992, en la plaza existía un mercado de drogas manejado por gitanos, negros y marroquíes. Los dos primeros, monopolizaban el comercio de la heroína, mientras que los segundos comercializaban con hachís. Había pocos turistas y la policía rondaba la plaza muy de vez en cuando. Heroína y hachís era lo más consumido y socialmente aceptado en el lugar, a diferencia de la cocaína, que si bien podía llegar a conseguirse en la plaza, no era lo más común, ya que estaba reservada para una elite, constituía una especie de  submundo.

Hacia finales de los 80, Barcelona se empieza a preparar para las Olimpíadas. Este acontecimiento marca un antes y un después, ya que a partir de aquí varía la totalidad del contexto. En efecto, la consigna era “limpiar” Barcelona para las Olimpíadas. Y con este objetivo se habían organizado distintos subgrupos especializados, tanto en la jefatura como en las comisarías de policía. Así, existía, por ejemplo, un subgrupo de tráfico, otro subgrupo de robos, etc. Una de estas zonas era el Barrio Chino y especialmente la Plaza Real. La idea era bajar a la calle un clima de inseguridad, trabajar con lo que más inmediatamente percibía y veía el ciudadano común y con este propósito prácticamente se desmanteló todo el entramado social existente. Los gitanos, tratados como extranjeros en su propio territorio, fueron segregados hacia otros espacios urbanos degradados dentro de la misma Barcelona y muchos de los marroquíes y demás extranjeros fueron expulsados del territorio español.

En la actualidad, quien ostenta el monopolio del mercado de drogas dentro de la plaza son personas exclusivamente de nacionalidad marroquí. No es posible encontrar, dentro del recinto de la plaza, ni gitanos ni negros, si bien estos últimos pueden verse en las calles transversales comercializando con algún tipo de droga. La sustancia por excelencia es el hachís, aunque se pueden conseguir otras sustancias como drogas de diseño o cocaína, pero no es lo habitual.

Así, uno de los actores principales dentro de la plaza es aquel que se dedica a vender hachís, que es marroquí. Ahora ¿por qué eligen la Plaza Real? Evidentemente porque es un sitio de referencia para conseguir hachís, imagen no solo conocida por los lugareños, sino también por aquellos de fuera que desean consumir y no poseen un "conocimiento local" de Barcelona para poder adquirir la sustancia. Esto implica que existe mucho movimiento y por ende una economía importante al margen de la legalidad. Un marroquí, recién llegado a Barcelona, sin recursos, “sin papeles”, con todas las puertas de la legalidad cerradas, es común que encuentre en la plaza a alguien que conozca, o por lo menos con referencias comunes, y que comience a formar parte de este mercado.

La policía también forma parte de esta subestructura social, ya que su control en dicha plaza es permanente y es la que pone en marcha el aparato represivo del estado, apareciendo todo un sistema de elecciones que actúan como diversos filtros en orden a quienes “quedan” y quienes pasan a disposición judicial.

También el turista es uno de los principales actores que se desenvuelven habitualmente en dicha plaza. Éste, además de encontrarse en una situación de vulnerabilidad por no conocer el terreno por donde se mueve, ante una agresión determinada, no se queda quieto sino que denuncia en las comisarías, o concurre a las embajadas. Obviamente, alrededor de tan significante colectivo, existe toda una infraestructura e intereses determinantes.

Otros actores importantes que se observan y los cuales son fuente de presión para la adopción de una política de seguridad en concreto, son los vecinos de la plaza, los cuales están continuamente denunciando hechos, como que por el ruido no se puede dormir, que no les gusta que en la puerta de su casa se trafique, y similares.

Ahora, siendo permanente el control ejercido por la policía en la plaza, si bien en algunas épocas más que otras, ¿cómo puede ser que la misma sea un referente de un territorio psicotrópico? ¿Cuáles son esas estrategias de control, desde un punto de vista funcional, que se orientan al mantenimiento de un determinado orden social o, al menos, a la construcción de cierta imagen del mantenimiento del orden? ¿Es factible que detrás de un supuesto control de la comercialización de drogas se esconda una peculiar aplicación de la Ley de Extranjería? (énfasis de epistheme).

En este sentido, es posible observar la existencia de distintas reglas dentro de la plaza. Algunas explícitas, otras implícitas, algunas de las cuales están sujetas a negociación y otras no. Se puede observar que la importancia de estas reglas varía y que alguna de éstas no son percibidas de la misma manera por los distintos miembros que interactúan en la plaza. Asimismo, como toda regla que se debe obedecer, existen sanciones para el caso de incumplimiento. Y, un dato a tener en cuenta para entender mejor de que se tratan, es poder inferir cómo se justifican estas reglas, quién las justifica, a quién y en qué ocasiones. Una breve referencia a modo de ejemplo, nos ilustrará y dará alguna respuesta a los interrogantes que nos planteábamos anteriormente.

Una de las reglas fundamentales, consiste en no hacer un pase, de forma llamativa y alevosa, delante de un policía vestido como tal. Esta regla tiene una doble cara. Por un lado favorece al traficante, quien de hecho puede hacer su trabajo en un lugar donde existe gran demanda por los motivos antes mencionados. Y, por el otro, también beneficia al policía, ya que si el pase “no se ve”, no existe como tal. En este sentido, al tratarse de un delito sin víctima y habiéndolo cometido inadvertidamente con respecto a terceros, nadie se constituirá en agredido y no hará la correspondiente denuncia, por lo que el policía no tendrá que justificarse ante nadie. Y, por otro lado, pueden ocuparse y estar pendientes de otros delitos, como robos y hurtos, que realmente tienen mayor trascendencia y generan una mayor sensación de inseguridad. Es decir, está claro que el tráfico de drogas en la plaza no se puede suprimir, por lo que, tácitamente, se permite un cierto flujo de compraventa, principalmente de hachís, pero siempre bajo determinada modalidad.

Pero esta regla opera selectivamente entre aquellos extranjeros que venden drogas en la Plaza Real. Esto es así porque, dependiendo de la estructura y recursos que cada uno de ellos posea, podrán acceder o no a ese requisito de “modalidad subrepticia” que se requiere para poder actuar.

Veamos dos ejemplos de dos actores centrales dentro de la plaza, entre los marroquíes que venden drogas. El primero de ellos es el llamado intermediario o puntero. Dentro del círculo de aquellos que se dedican a la misma actividad, posee una posición bastante privilegiada, ya que tiene montada una pequeña red; tiene una clientela propia a la que vende personalmente y también trabaja con un grupo de chicos a los que suministra el material para que estos a su vez lo vendan. Asimismo, tiene por encima suyo a quien él le compra la mercancía. Es decir, vende la mercancía al por menor y la compra a quien supuestamente la entra en el país. Vive en un piso de alquiler, cercano a la plaza y, por ende, goza de mayor protección debido a que le permite no estar en la plaza con la sustancia encima. A su vez, al no trabajar solo, cuando hay temporadas en que realmente está fichado por la policía, desaparece por un tiempo y delega su trabajo a otra persona, aunque perciba menos ganancias. También trabaja con un móvil, el cual le permite quedar de acuerdo previamente con los compradores sobre la cantidad y lugar donde llevar a cabo el pase.

En cambio, el segundo de los ejemplos vive en una casa abandonada lejana a la plaza, por lo que concurre a la plaza siempre con la mercancía encima. Realiza pequeños tráficos en la plaza con pequeñas cantidades de chocolate: compra una mínima cantidad de hachís a otros compañeros suyos de la plaza y lo vende a 20 o 30 Euros, quedándose con 5 o 10 Euros de ganancia. Carece de medios o recurso alguno, en el sentido que trabaja solo y sin móvil, por lo que trabaja ofreciendo verbalmente hachís en la plaza. En consecuencia, siempre será mayor su exposición y mayores las probabilidades de ser detenido.

La sanción para el caso de incumplimiento de la regla que hemos mencionado es evidente y es lo que habitualmente se observa en la plaza. Se acercan los policías, piden la documentación tanto al vendedor como al comprador. Les solicitan que saquen aquello que llevan en los bolsillos. Al comprador le pillan el chocolate, al vendedor el dinero incluyendo algunas veces el chocolate. Al comprador, que habitualmente suele ser un turista, le preguntan si se la ha comprado a él, al marroquí que se la vendió, y éste declara siempre afirmativamente. Por lo que van todos a la comisaría. Al marroquí lo detienen, pasa tres días en los calabozos, luego el juicio y en libertad. Al comprador, lo llevan para que declare y firme su declaración, la que es siempre incriminante. Por lo que, con las declaraciones de los policías, la del comprador, la sustancia hallada y el dinero, el vendedor ya está prácticamente condenado.

Así pues, el tráfico no se puede suprimir pero sí controlar. Al respecto, quienes realmente interesan a efectos de la perseguibilidad para poner en funcionamiento el sistema de justicia penal, son los que hemos descrito como los intermediarios o punteros, quienes son los que llevan al mayorista, al que trafica en gran escala. Pero éstos son los más difíciles de detener dentro de la plaza, ya que gozan de cierto resguardo que les permite actuar conforme a aquella primera regla, pero al mismo tiempo, entran en el segundo criterio de selectividad utilizado por la policía. Es decir, existe un primer filtro por el que alguno de los que trafican en la plaza quedan y otros pasan. Los intermediarios son los que aparentemente quedarían en una situación de libertad para desplegarse dentro de la plaza pero, paralelamente son quienes tienen algo de peso dentro de la misma, ya que aparte de la pequeña estructura montada, son los que teóricamente conducen hacia el primer eslabón del tráfico.

En consecuencia, esa supuesta tolerancia tácita concedida a determinados marroquíes que trafican en la plaza, no es gratuita. Consiste en un “dejar hacer” con el fin de obtener una mayor y más precisa información que constituya prueba en sentido jurídico, ya que es a lo que, en teoría, se reduce una posterior sentencia condenatoria de un proceso penal. Y esto se logra no disuadiendo, como ocurre con las patrullas aparcadas en la plaza o con la “Oficina de Denuncias” móvil que instalan en la plaza en épocas de mayor movimiento y turismo, sino con policías vestidos de civiles los cuales se mezclan con la gente. Son  “la secreta”, policías cumpliendo funciones de paisano que suelen hacerse pasar por compradores de hachís o como visitantes habituales de la plaza con el objeto de observar a personas determinadas.

Ahora bien, para que la camuflada obligatoriedad de la regla que estamos analizando entre en funcionamiento, debe de ser vigente y, esta vigencia presupone que sea conocida por los diferentes actores que participan de la misma. Por ello, las reglas son transmitidas y dicha transmisión opera también de manera tácita. En este sentido, parece existir un mayor control sobre los “nuevos”, quienes en un primer momento y en su gran mayoría, van a ser aquellos marroquíes que trafican con muy pocos recursos, pues mayoritariamente no tienen vivienda y su situación en el país es irregular. Es decir, que aquellos que quedan en la primera selección, a su vez, funcionan como objeto pasivo y ejemplificativo de la transmisión de las reglas vigentes en la plaza.

Como hemos visto, la dinámica de detención, calificación policial, su disposición judicial e ingreso en prisión, funciona a través de una serie de filtros por los que solamente se cuelan aquellos que no tienen medios para comprar drogas, introducirse en una red de confidencias que compra su libertad a cambio de información y, en general, quienes no tienen la solvencia suficiente para eliminar la perseguibilidad policial, judicial y penitenciaria. Los métodos policiales de lucha contra la droga que vemos en la plaza, se basan en la presencia de la policía dentro de la misma, interceptando a pequeños traficantes y consumidores, todos ellos marroquíes. Se localiza así un foco de consumo y de tráfico de drogas para controlar el mercado y utilizar medios de poder que se derivan de ese control, no para luchar por la eliminación de este negocio multinacional. Quienes no encajan en este sistema, suelen pasar a disposición judicial: consumidores que cometen delitos menores contra la propiedad y pequeños traficantes. Se trata en la práctica de una permisividad mutua entre traficantes y policías. (énfasis de epistheme.) Las personas que pasan a disposición judicial, son los destinatarios últimos de este mercado en el que no han encontrado un puesto de privilegio y realizan la función de chivos expiatorios en el rechazo social punitivo de "la droga".

Por lo tanto, teniendo en cuenta que “en donde se busca se encuentra”, es claro que siendo los marroquíes los que se dediquen al tráfico de drogas dentro de la plaza y ejerciendo la policía un control agudo en este recinto, sean en definitiva los aprehendidos. En consecuencia, mediante esta política se producen y reproducen los estereotipos ahora dominantes: la identificación entre inmigración y delincuencia; la atribución a los inmigrantes de una cultura atávica e imposible de “integrar” (término totalitario que impone al de afuera la cultura local ya que, además, no hay que integrar al que se encuentra adentro de una sociedad); la consideración del Islam como religión ajena a Europa; la calificación de los flujos migratorios con metáforas que sugieren peligro o amenaza (invasión, avalancha), etc.

Por último y para concluir, de lo observado en la Plaza Real de Barcelona puede deducirse que se constituyen dos bandos diferenciados. De un lado los extranjeros, con o sin papeles, revendedores de drogas o no; los mendigos; los vagabundos; aquellos que exhiben una actitud de resistencia a los cánones impuestos por la sociedad actual, en fin, los marginales del sistema económico actual descritos anteriormente. Y del otro lado, turistas, vecinos, comerciantes, todos ellos pertenecientes a una clase media o alta.

Los primeros, no sienten la inseguridad ni se sienten amenazados por posibles actos antisociales de sus semejantes. Pero sí sienten a la policía como una fuerza hostil y agresiva que los abruma. Ellos no son los beneficiarios de las políticas de seguridad sino que son el blanco y, por tanto, doblemente condenados.

Los segundos, en cambio, se sienten amenazados en su propio espacio, perciben todo el tiempo una sensación de inseguridad. En consecuencia, reclaman más policía, más intolerancia hacia los desórdenes cotidianos y más mano dura, sintiéndose amparados y protegidos por la presencia policíaca en dicha plaza. Ellos serían los beneficiarios de las políticas de seguridad aplicadas a la plaza.

Asimismo, la Ley de Extranjería actúa como marco que habilita a vulnerar los derechos de las personas: se criminaliza la sola presencia de quien no tiene papeles, no siendo necesario que la policía deba encontrarse ante una conducta tipificada como delito para actuar; reafirma las actitudes racistas discriminando a las personas por su país de origen siempre en detrimento de los más pobres; y otorga a la policía un poder ampliamente discrecional que se concreta en una aplicación arbitraria. Obviamente esta ley no es casual y responde a una línea de actuación general en toda la Unión Europea, la cual, con la complicidad de los medios de comunicación, tratan al extranjero-inmigrante como una invasión maligna. En definitiva, mediante la Ley de Extranjería se pretende enfrentar a la ciudadanía autóctona contra los ciudadanos de otro origen a través de una estrategia de criminalización del inmigrante.

3. Conclusiones.

En el desarrollo de este escrito hemos mostrado cómo las drogas pasan a definirse como problema y cómo paralelamente se va construyendo el modo de gestión de dicho problema. Este modo de gestión estará basado principalmente (en) políticas prohibicionistas que no consiguen alcanzar su promesa de "un mundo sin droga" sino que por el contrario, con sus efectos perversos, constituyen de hecho un modo de gestión del "problema de la droga": criminalización que genera un fortalecimiento del mercado negro en el cual el negocio de las drogas se realiza con un alto índice de ganancias, que al mismo tiempo dificulta las políticas de atención a los usuarios, induce una vulneración creciente de sus derechos y que se concreta en un grave problema de salud pública.

En este recorrido que hemos ido haciendo hemos visto como el riesgo y la seguridad son resultado no de las prácticas sociales en sí sino de diversas gestiones concretas que se van enmarcando en una gestión global que las va entrelazando e interrelacionando. Así el caso de las drogas comienza a unirse al de la inmigración para conjuntamente destacarse sobre un trasfondo de riesgo generalizado. De esta manera la gestión del problema de la droga y de la inmigración evidencian puntos de contacto tanto en las propias gestiones como en las visiones que las orientan: extranjería, delincuencia y droga se presentan como un trinomio en el cual sus actores son percibidos como protagonistas transversales.

En tal caso hemos visto cómo la dialéctica riesgo-seguridad puede ser interpretada desde una doble perspectiva.

En un primer sentido, extranjería, delincuencia y droga se presenta como una relación de elementos dependientes cuya explicación se resuelve sin necesidad de recurrir a elementos o factores externos. En esta argumentación se dejan de lado las políticas de gestión y las condiciones estructurales en el marco de las cuales se establece la relación. Por ejemplo, quedan fuera de la argumentación la gestión de los flujos migratorios mediante la formalidad de promulgar leyes cada vez más restrictivas y el espejismo de "impermeabilizar" las fronteras que sitúan a los inmigrantes en una situación de clandestinidad que les dificulta el acceso al trabajo y vulnera sus derechos fundamentales; queda fuera la lógica económica neoliberal subyacente a la clandestinización de una parte significativa de la mano de obra extranjera, totalmente inerme ante el capital; y así, quedan también fuera de este análisis las políticas de "déficit cero" y de desregulación de legislaciones otrora proteccionistas que tornan inseguros los mecanismos de seguridad (social) mediante los cuales se atenuaban las situaciones de riesgo. La argumentación basada en esta visión aparece además como parte de la gestión del riesgo al apropiarse del efecto -perverso- de estas políticas para definirlos como prácticas generadoras de inseguridad, señalando a determinados sujetos (excluidos) como productores y responsables de esas prácticas y volviendo a definir esas mismas políticas -reforzadas en sus restricciones- como solución eficaz de la gestión del riesgo, como generadoras de seguridad.

Bajo otra perspectiva -que es la que se desprende de nuestro análisis- la relación extranjería, delincuencia y droga con la dialéctica riesgo-seguridad, aparece vinculada en primer lugar con las propias políticas mediante las cuales se pretende gestionar el problema: la "tolerancia cero", las leyes de extranjería progresivamente más restrictivas, las políticas sobre las drogas enrocadas en un simplista prohibicionismo -en relación a sustancias, prácticas y sujetos- que desconoce todas las contradicciones desveladas por las políticas de reducción de daños. Y todo ello enmarcado en el creciente protagonismo de una supuesta lucha antiterrorista que impone una lógica todavía más restrictiva a este conjunto de leyes.

Los efectos de estas políticas los hemos visualizado a través del análisis de un "territorio psicotrópico" -la Plaza Real de Barcelona- en el cual a través de las prácticas de diversos actores cobran realidad los conceptos de extranjería, delincuencia y droga. El caso concreto de la Plaza Real permite observar estas prácticas como una totalidad interrelacionada, enmarcadas en una política de control que no pretende erradicar las prácticas consideradas de riesgo, sino hacerlas funcionales a esa política de control. A su vez esta política de control está fuertemente orientada por un criterio de selectividad que en aparente contradicción con el discurso oficial, utiliza cierta tolerancia con las prácticas ilegales como forma de rentabilizar las respuestas concretas de la política de control. A través de esta selectividad se refuerzan los estereotipos que ligan los actores involucrados en el trinomio extranjería, delincuencia y droga y se presentan como conclusión de su vinculación formulada a priori en el discurso. Al mismo tiempo esta selectividad vuelve impredecibles las actuaciones, distanciándolas de la regularidad positiva con que se presenta el campo jurídico, para convertirlas en estrategias de control de las poblaciones cuya característica común más general es la de ser excluidos.

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Cortesía de Oriol Romaní