jueves, febrero 28, 2013

Noticias del Frente Historiográfico 133

(A propósito del intento de despojo por la Barrick Gold en Dominicana)
EXTRAHECCIÓN: VIOLACIÓN DE DERECHOS EN LA APROPIACIÓN DE LA NATURALEZA


Por: Eduardo Gudynas, ALAI AMLATINA, Observatorio del Desarrollo No 18, 21 02 2013 - http://www.extractivismo.com/biblioteca.html

Extrahección es un nuevo término para describir la apropiación de recursos naturales desde la imposición del poder y violando los derechos de humanos y la Naturaleza. La palabra es nueva, pero el concepto es muy conocido. Describe situaciones que, poco a poco se están volviendo más comunes, como emprendimientos mineros o petroleros impuestos en un contexto de violencia, desoyendo las voces ciudadanas, desplazando comunidades campesinas o indígenas, o contaminando el ambiente.

Extrahección es un vocablo que proviene del latín “extrahere”, que significa tomar algo quitándolo o arrastrándolo hacia uno. Es por lo tanto, un término adecuado para describir las situaciones donde se arrancan los recursos naturales, sea de la comunidades locales o la Naturaleza. En esas circunstancias se violan distintos derechos, y ese precisamente ese aspecto que se pone en evidencia con este nuevo término. Los derechos violentados cubren un amplio abanico, entre los cuales se pueden indicar algunos para tomar conciencia de la gravedad de estas situaciones.

Impactos ambientales, como la destrucción de ecosistemas silvestres, la contaminación de aguas, suelos o el aire o la pérdida del acceso al agua, son todas violaciones de los llamados derechos de tercera generación. Estos están enfocados en la calidad de vida o un ambiente sano. En países donde además se reconocen los derechos de la Naturaleza (como en Ecuador), hay emprendimientos extractivos que son claramente incompatibles con el mandato ecológico constitucional.

Los derechos de las personas están afectados de muy diversas maneras. Repetidamente se incumplen las consultas previas, libres e informadas a las comunidades locales, o se fuerzan sus resultados, como ha sido denunciado en varios proyectos en los países andinos. También existen violaciones cuando se impone el desplazamiento de comunidades, como sigue ocurriendo con las explotaciones mineras de la región de Carajás en Brasil. En los sitios donde hay emprendimientos funcionando, se escuchan denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores, sea en su sindicalización, como en seguridad o condiciones sanitarias (como ha sido reportado por los trabajadores del carbón en Colombia).

No pueden pasarse por alto las prácticas de corrupción, como los esquemas de sobornos, sea para aceptar prácticas de alto impacto social o ambiental, o incluso para obtener los permisos de funcionamiento de un proyecto.

La extrahección también describe las circunstancias de emprendimientos que se imponen silenciando de distinta manera las voces ciudadanas. En los últimos años se está volviendo común judicializar las protestas, iniciando acciones legales contra sus líderes, quienes quedan sumergidos en procesos que duran años, se embargan sus bienes, se les restringen los viajes, etc. Un paso más es criminalizar las acciones ciudadanas, colocándolas bajo la sombra de cargos de vandalismo, sabotaje o terrorismo. Recientemente, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), ha recopilado casos de criminalización en varios países latinoamericanos.

Finalmente, en la extrahección también se llega a la violencia directa bajo distintos formatos. Esta puede estar en manos de individuos o a cargo de grupos, los que a su vez pueden ser cuerpos de seguridad o paramilitares, o estar en manos de las propias fuerzas estatales (policiales o militares). Una reciente revisión internacional encontró que las tres más grandes corporaciones mineras (Río Tinto, Vale y BHP Billition), han estado involucradas con casos de violencia, varios de los cuales tuvieron lugar en América Latina.

Todo esto se expresa en represiones violentas de movilizaciones, raptos e incluso en el asesinato. Una vez más se encuentran muchos ejemplos recientes, desde las represiones a las movilizaciones ciudadanas en distintas localidades de Argentina o a la marcha a favor del TIPNIS en Bolivia, al saldo de al menos cinco muertos y más de 40 heridos en el conflicto minero de Conga en Perú.

Está claro que estos y otros casos representan acciones ilegales que ocurren en países que cuentan con coberturas legales para los derechos humanos. Pero no pueden pasar desapercibidas las situaciones de “alegalidad”, donde se mantienen las formalidades legales, pero las consecuencias de las acciones son claramente ilegales. En este caso encontramos a corporaciones que aprovechan, por ejemplo, los vacíos normativos para lanzar contaminantes al ambiente, o que desentienden de las empresas que subcontratan para llevar adelante las acciones de mayor impacto en las comunidades locales.

Cuando el Estado no asegura su propio marco normativo en derechos, las comunidades locales han debido apelar a instancias internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera se han visibilizado muchos casos que antes quedaban sepultados ante las indiferencias estatales, como sucedió en Guatemala, solicitando el cierre de la mina Marlin para garantizar la salud de las comunidades locales.

¿Es necesaria la nueva palabra extrahección para describir estas situaciones?

Por cierto que lo es. Es que estas violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza no son meras consecuencias inesperadas, o producto de acciones aisladas llevadas adelante por individuos descarriados. Esta es la justificación empleada varias veces por sectores gubernamentales o corporativos, con la finalidad de separar sus actividades de esas violaciones. Esa postura es inaceptable.

En realidad, la violación de derechos se ha vuelto un componente inseparable e inevitable de un cierto tipo de extracción de recursos naturales. Esto ocurre cuando esas actividades comprometen enormes superficies, realizan procedimientos intensivos (por ejemplo utilizando contaminantes) o los riesgos en juego son de enorme gravedad, y por lo tanto, nunca serían aceptables bajo los marcos legales o para las comunidades locales. Entonces, la única forma en que pueden llevarse adelante es por medio de la imposición y la violación de los derechos fundamentales. La violación de los derechos no es una consecuencia, sino que es una condición de necesidad para llevar adelante este tipo de apropiación de recursos naturales. Son facetas de un mismo tipo de desarrollo, íntimamente vinculados entre sí.

Es esta particular dinámica la que explica el concepto de extrahección. No basta con decir, por ejemplo, que una de las consecuencias del extractivismo más intensivo es la violación de algunos derechos. Debe dejarse en claro que existe una íntima relación, donde esas estrategias de apropiación de recursos naturales solo son posibles quebrando los derechos de las personas y la Naturaleza.

Eduardo Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

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ATERRIZA COMO PUEDAS: LO QUE ASUSTA A RAJOY EN ESPAÑA DEL EJEMPLO BOLIVIANO


Indígenas en armas contra Repsol en Perú en 2009

(Nota de epistheme para los barrileaks: A buen entendedor…: Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo: Primer aviso a cierto procónsul anacrónico del Imperio que se apresta a defender lo indefendible de la extrahección en Dominicana. ¡VAYA EMPACANDO SUS MALETAS, MISTER! )

El gerente de SABSA ganaba 12700 euros mientras la empresa adeudaba grandes sumas a los trabajadores
Las amenazas del Gobierno español ya no asustan a nadie
El Gobierno español está subordinado a un entramado de intereses oligárquicos

Por: Manuel Canelas e Íñigo Errejón (doctorando y doctor en Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid), Público.es, 25 02 2013

El lunes pasado, el presidente Evo Morales contestó de manera firme pero tranquila a las airadas declaraciones del canciller español, José Manuel Garcia-Margallo, quien, exhibiendo la misma nostalgia colonial que en el caso de la nacionalización de Repsol por parte del Gobierno argentino, lanzó amenazas poco veladas y advirtió que las mismas podrían involucrar a los socios de la Unión Europea. Sin embargo, en su respuesta Morales apuntó que si bien entendía la reacción del Gobierno español, él tenía conocimiento que lo que demanda buena parte de la ciudadanía en España es precisamente que se implementen medidas similares a estas, de recuperación de la soberanía económica: “que los servicios básicos no sean un negocio privado”. Y señaló también que, al menos en su caso, “le daría miedo defender a una empresa que roba”.

El embajador español en Bolivia no ha querido ir a la zaga de la actitud de su canciller y ha tenido declaraciones poco apropiadas y que corresponden más bien a otros tiempos, en los cuales los embajadores de ciertos países, actuaban como procónsules enviados por la metrópoli.

Lamentablemente el embajador no ha ofrecido una explicación convincente de por qué los planes de inversión consistentes de SABSA (Abertis) en los aeropuertos que gestionaban en Bolivia eran, en el mejor de los casos, inexistentes o cómo se entendía la paradoja de que el gerente de SABSA en el país ganase, por ejemplo, en marzo de 2012 12,700 euros (casi diez veces más que el mismo presidente Evo) y la empresa adeudase, al mismo tiempo, grandes sumas de dinero a los trabajadores bolivianos.

El sostenido crecimiento económico de los últimos años ha provocado un incremento de los flujos de comercio del país con el exterior; esto, más un aumento de la capacidad de consumo interno, ha provocado un aumento de la demanda de los desplazamientos por vía aérea. En gran medida por la falta de inversión de SABSA, los principales aeropuertos del país no han sabido responder de manera adecuada a este fenómeno. Según los trabajadores de la empresa, no se han producido las ampliaciones necesarias ni renovado los equipos para poder desarrollar un trabajo en mejores condiciones. Como en el caso de las empresas que gestionaban el suministro de electricidad, y antes con cementeras, telecomunicaciones o hidrocarburos, el Gobierno boliviano se limita a cumplir lo establecido en la Constitución aprobada por referéndum popular el 25 de enero de 2009. Para los viejos intereses coloniales, que los Estados de la periferia no se deban a nadie más que al mandato de la soberanía popular, que hagan cumplir la ley de forma igual para todos es ya una insubordinación que viven como auténtica agresión.

No obstante, lo paradójico de la situación es que las amenazas del Gobierno español ya no asustan a nadie. El Ejecutivo de Rajoy tiene la espina dorsal encorvada de las continuas reverencias ante el dictado Alemán y de la llamada “Troika” (el triunvirato Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea que gobierna la gestión neoliberal de la crisis como ofensiva en favor del capital financiero y en contra de los pueblos, en particular de los del sur de Europa). Por eso resulta poco menos que ridículo cuando ahora pretende mostrarse fuerte y enérgico contra la osadía de Bolivia de ejercer su soberanía y recuperar para sus ciudadanos parte del despojo.

Lo verdaderamente peligroso de esta última nacionalización del Gobierno de Evo Morales, lo que el Gobierno Español tiene que combatir hasta sus últimas fuerzas, es el ejemplo democrático, la ruptura radical en el relato post-ideológico que pretende reducir la política a la gestión de lo existente, de lo único posible. Si el Gobierno español justifica su brutal programa de ajuste, que empobrece drásticamente a las mayorías sociales del país haciéndoles pagar el coste de la crisis, con el argumento de que “no son medidas de su agrado pero son necesarias: las únicas pensables”, el ejemplo boliviano —y latinoamericano— demuestra que en política la pregunta fundamental, como recordase Carl Schmitt, es quién ejerce el poder y en beneficio de quién.

El Gobierno español está voluntariamente subordinado a un entramado de intereses oligárquicos domésticos y europeos que son los que, por encima de la ficción de la soberanía popular, dictan sus políticas que multiplican el sufrimiento de la gente corriente. El Gobierno boliviano, por el contrario, se debe a un mandato popular no negociable, sobre el que no rige otra autoridad, de ampliación democrática, redistribución de la riqueza, descolonización y construcción de un país para todos. Uno es un Estado en manos de los menos, convertido en maquinaria de desposesión, el otro es un Estado en transición, con contradicciones y tensiones, pero gobernado por la dirección intelectual y moral de los grupos subalternos, una mayoría social indígena y empobrecida que hoy es mayoría política y, más importante, generadora de un verdadero horizonte de época.

Como en ocasiones anteriores, el bloque dominante español, hoy maltrecho, ha desplegado todos los tópicos racistas y coloniales y todas las banderas a su alcance. Pero es difícil creer a un Gobierno que esgrime el “interés nacional” para defender a empresas privadas y sus concesiones en Bolivia justo en los mismos días en que los trabajadores de Iberia, la línea aérea antaño pública, están en huelga contra los despidos y el despedazamiento de la compañía para entregarla al capital inglés. Es difícil creer a un Gobierno para el cual “España” son los millonarios accionistas de empresas privadas y no los trabajadores despedidos, las familias que pierden sus casas para que éstas vayan a manos de los bancos, los jóvenes que tienen que emigrar.

Y ese es el verdadero problema no sólo del Gobierno, sino del régimen español, de todo el entramado cultural, institucional y económico salido de la transición posfranquista y consagrado en la Constitución de 1978. Su problema no se llama Bolivia, ni siquiera Evo. Su problema se llama Pueblo: cómo responder a la generalización de las protestas que ya no encuentran acomodo en los cauces institucionales, que desbordan el orden existente, que comienzan a romper las costuras del consenso de élites, y que ven a sus gobernantes vender el país a trozos mientras en otras latitudes ocurre lo contrario: la recuperación del país para sus gentes. Ante las amenazas de ruptura de relaciones, Evo Morales ha respondido audaz, señalando que, en una suerte de “diplomacia de rebeldía”, las restablecería con los movimientos sociales y el pueblo español en la calle. Intuye seguramente el presidente boliviano que en el campo político español comienza a trazarse una escisión abrupta, y que los que ocupan las instituciones no encarnan ya la voluntad general. Bolivia no acepta lecciones ni tampoco pretende impartirlas, pero es posible que cada vez más ciudadanos de la antigua metrópolis, en busca de respuestas ante un tiempo bloqueado, comiencen a poner sus brújulas mirando a los ejemplos del Sur.
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LA PROMESA PENDIENTE

Recordando a Miguel Domínguez y José A. Cabezas


Del blog Identidad Sanjuanera, de José Enrique Méndez, miércoles, 27 de febrero de 2013

En entrevista concedida en Puerto Rico, al periodista Víctor Grimaldi por el hermano lasallista Miguel Domínguez, publicada el 9 de noviembre de 1970, (éste) sostiene que “las ideas no se deportan”.

Se trata de Miguel Efraín Domínguez y José Antonio Cabezas, hermanos de la Congregación Católica San Juan Bautista de La Salle, deportados en julio de 1970 por el Dr. Joaquín Balaguer como acto de represalia instigado por latifundistas y grandes ganaderos de la región Oriental de la República Dominicana, ante el amplio movimiento de lucha campesina por la tenencia de la tierra alentado y organizado en los campos de la República Dominicana por estos valerosos curas.

Los hermanos de La Salle Miguel y Cabezas, desarrollaban para la época a través del Instituto de Promoción Social (IPS), trabajos en los barrios marginales de la capital, y barrios del interior del país.

Gerald Krell realizó para el IPS, el documental "Tú también" (1966), sobre el estado de los barrios periféricos de la ciudad de Santo Domingo, documental sobre las miserables condiciones de vida de una gran parte de la población.

Tanto Miguel Domínguez como el hermano Cabezas desarrollaron novedades didácticas, como lo fue en 1967 la experiencia de la “Educación en la libertad y por la libertad” o “Educación liberadora” fruto de la reflexión de los hermanos Enrique Pizarro, Miguel Domínguez, Alfredo Morales y Miguel Campos y por lo que en 1970 fueron expulsados los hermanos Miguel Domínguez y José A. Cabezas, acusados de “promover la subversión entre campesinos”.

Encabezando el sector avanzado del clero dominicano de la época, Cabezas y Domínguez, defendieron el derecho de los campesinos, a la tierra; predicas que originaron que el 22 de junio de 1970, varias decenas de campesinos sin tierra iniciaron la ocupación de terrenos situados en el Paraje las Lagunas, Sección de Nisibón, a unos 30 kilómetros de la provincia de Higuey. Acontecimiento que fue el detonante de un amplio movimiento popular campesino y de pobladores por la conquista de la tierra.

Fueron despojados, mediante sorpresivo decreto del presidente Balaguer, publicado el 27 de junio de la ciudadanía dominicana que les había concedido, respectivamente, el 3 de junio de 1968 y el 6 de marzo de 1969.

En articulado publicado en la Revista Ahora 347, de fecha 6 de julio de 1970, bajo el titulo “Curas perseguidos” se hace constar que “tras la publicación del decreto Domínguez buscó protección en la embajada de Costa Rica, mientras las autoridades de Inmigración, hacían detener por la policía al hermano Cabezas en calidad de rehén”.

Reafirmando su entrega a las mejores causas en defensa de los campesinos sin tierras y los desposeídos afirmó que: quienes provocan y son autores de la violencia en República Dominicana, son los terratenientes, los latifundistas dominicanos “son los verdaderos agitadores”, porque provocan la reacción del campesinado frente a la situación.

En su defensa ante la odiosa deportación realizada en su contra él y el hermano Cabezas, sostuvo entonces que “como dominicano, como cristiano, y como consagrado a Dios, solo me quedaba un camino y no dos, y es el que señalaba Cristo, el cambio, la liberación del hombre, la humanización de ese hombre para que pueda realizar su plenitud de cristiano”.

Dijo no entender el por qué le hablamos de no violencia a grupos humanos, como son los campesinos, que lejos de hacer violencia están sufriendo la violencia”.

En cuanto a la iglesia, Miguel Domínguez, consideró que lo importante es seguir la misma misión que Cristo, indicó, adaptándola hoy –según manifiesta-- a una posición nueva que no sea la de la tradicional pastoral.

Apreció en la entrevista el hermano Miguel que “si el proceso revolucionario, el proceso de liberación del pueblo, el proceso del despegue al desarrollo de nuestro pueblo, se torna violento, no es porque el campesino quiera, sino porque los que actualmente hacen violencia son los que están propiciando este proceso”.

Nacido en un barrio pobre de la ciudad de la Habana, Miguel Domínguez, graduó de arquitecto, luego de estudiar en un Colegio de la Salle institución a la cual se consagró- y entregó a Dios. Hizo su noviciado en Panamá.

Continuando sus estudios fue enviado a Europa, Roma, París, Bélgica. Estudió filosofía, teología, psicología (y se graduó de arquitecto en la UASD).

Asignado a Santo Domingo, llegó como profesor De La Salle, donde tomó la libre determinación de lanzarse a trabajar juntos a los jóvenes en los barrios, sobre todo en el Barrio de Los Minas, a construir viviendas, etc.

El 24 de abril dice le dio “la oportunidad de unirme con el pueblo dominicano, con ese hermano”. Entonces –dice-- “se concretiza la línea horizontal de su cristiandad,” hasta llegar a formar en él “la cruz del cristiano, el palo vertical y el horizontal”.
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OCHY CURIEL: LA NACIÓN HETEROSEXUAL (COLOMBIA: GLEFAS Y BRECHA LESBICA)

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La libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse en todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. (Ejercito Negro Makhnovista, Ucrania, 1923).