jueves, marzo 07, 2013

Noticias del Frente Cibernético 038

32 organizaciones dominicanas y Amnistía Internacional acuden a OEA para denunciar condición de RD en cuanto a derechos humanos y Seguridad Ciudadana.
La CIDH analizará el problema de República Dominica en cuanto a seguridad ciudadana, violación de la policía a derechos humanos, defensoría del Pueblo, entre otros

Nota de prensa, La Guagua
7 de Marzo 2013, Santo Domingo. Una delegación de representantes de la sociedad civil acude el 12 de marzo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para participar en una audiencia temática sobre el derecho a la seguridad en la República Dominicana.
La audiencia fue solicitada por una coalición de ONGs compuesta por 32 organizaciones dominicanas y Amnistía Internacional. El objetivo del encuentro es proporcionar informaciones a la Comisión y, sobre todo, estimular y concertar un diálogo con el Estado dominicano sobre la cuestión de la seguridad pública.
En particular, las organizaciones de la sociedad civil expondrán sus preocupaciones por la situación de inseguridad en el país, que se traduce en un aumento del número de muertes violentas, un incremento de la posesión de armas por la población civil y altos niveles de inseguridad.
Las ONGs también explicarán a la Comisión cómo los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional han aumentado el nivel de violencia y la percepción de inseguridad, ya que la autoridad que se supone que debe proteger a los ciudadanos es en muchas ocasiones la misma que les agrede y vulnera sus derechos.
A la luz del anunciado proceso de reforma integral de la Policía Nacional y de publicación de un plan nacional de seguridad ciudadana, las ONG solicitarán que se establezcan mecanismos claros y efectivos para facilitar la participación de la sociedad civil en la aprobación de estas importantes políticas públicas.
La audiencia será también una oportunidad para que el Estado aclare qué medidas están previstas para poner en marcha la Oficina del Defensor del Pueblo, acabar con las violaciones de derechos humanos por parte de la policía y garantizar que las victimas de estas violaciones reciban reparaciones adecuadas.
La delegación de la sociedad civil será compuesta por Manuel Mercedes Medina y Ricardo Campusano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Genaro Rincón de la organización Derechos Vigentes, Christian Jiménez de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI) y Renzo Pomi, de Amnistía Internacional.
La audiencia se celebrará el 12 de marzo 2013 de 3:15 a 4:15 (horario de Washington) en el salón Padilha Vidal del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washington.
Más informaciones: Christian Manuel Jiménez (809) 868-7041, cejird@gmail.com
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Argentina: Empieza el juicio oral por los crímenes cometidos en coordinación por las dictaduras sudamericanas (extracto)

Represión sin fronteras: El Plan Cóndor

Augusto Pinochet y Jorge Videla
Por: Alejandra Dandan, Página 12, 06 03 13

Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-215060-2013-03-04.html

Mañana empieza el juicio oral por el Plan Cóndor, la primera causa que se abrió a fines de los ’90. Será un escenario de justicia atravesado por la presencia de víctimas de las dictaduras del Cono Sur.

El juicio recoge tres tramos de la causa elevada entre 2008 y 2012 por 106 víctimas del Cóndor, todos caídos en Argentina. También hay tres argentinos caídos en Brasil. Serán juzgados 25 represores, entre otros los responsables locales de la coordinación represiva: Videla, Bignone, Riveros, Menéndez y Vañek.

“La causa se abrió con una denuncia muy bien fundada hecha por Mignone, Zaffaroni y otros abogados”. “Se tomó un grupo de casos donde no había aparecido el cuerpo de las víctimas y la causa avanzó mediante el concepto del ‘delito permanente’. Como el delito continúa es imposible de amnistiar, indultar o no hacer nada. El eje era ése: el Estado tenía la obligación de hacer cesar el delito; después, si quiere amnistiar puede hacerlo o no, pero primero tiene que hacer lo primero.”

Los acusados

Los represores que hasta ahora están en juicio son 25. De ellos, 23 están procesados por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad, las figuras legales con las que logró abrirse la causa. No están acusados por tormentos ni por homicidios, aunque en varios casos está probado el “traslado” o asesinato de las víctimas,

Las víctimas

Un dato del juicio estará dado por la configuración de las víctimas. Entre los 106 detenidos desaparecidos no hubo sobrevivientes, todos los casos tienen que ver con actuación de fuerzas argentinas aquí o en el extranjero. Todos los extranjeros cayeron en Argentina. Y los hechos son posteriores al golpe del 24 de marzo del ’76, por un criterio original, aunque ahora la instrucción investiga casos de 1974.

La lógica del Cóndor

Osorio definió el Plan Cóndor cuando terminó de instruir el primer tramo de la causa: “La relación entre los organismos de inteligencia de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y la Argentina distó de situarse en una mera colaboración legal para derivar en la verdadera implementación de un dispositivo que no hacía más que reproducir, a nivel internacional, el mismo dispositivo de aniquilamiento que imperaba hacia el interior de cada una de esas jurisdicciones: tal el alcance pactado, justamente, por los países integrantes del operativo Cóndor”.

Puede pensarse que, a la luz del Plan, el debate judicial va a abordar el modo en que actuó la represión fronteras adentro de cada uno de los países, incluso Uruguay, con causas bloqueadas por la Suprema Corte de Justicia. Los fiscales no tienen jurisdicción para investigar la represión puertas adentro en cada país, pero sí la obligación de seguir el circuito de cada una de las víctimas de la causa.

Los documentos

Una de las pruebas documentales más importantes es un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que aparece una definición sobre el Cóndor. El documento es un cable de septiembre de 1976, de un agente especial del FBI a la embajada estadounidense en la Argentina. Allí deja expresado que el plan está destinado a la “recopilación e intercambio de información sobre ‘izquierdistas’, ‘comunistas’ o ‘marxistas’, con vistas a la eliminación de sus actividades mediante el desarrollo de operaciones conjuntas en sus respectivos territorios”. El cable sitúa en el armado del dispositivo a Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay y un acuerdo de Brasil de información confidencial. Describe tres momentos: 1) intercambio de información, 2) ubicación del blanco, 3) ejecución o traslado de la víctima a cualquier otro país signatario.

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Paraísos fiscales y zonas de libre comercio


Por: Rober Gonpane, La Marea 02 03 13


¿Queremos un estado pequeñito y barato o un estado lo suficientemente grande como para garantizar a la ciudadanía seguridad, justicia, sanidad, educación, pensiones y un mínimo vital para que a nadie le falte lo más básico?

Después de responder a esta pregunta, y no antes, habría que empezar a hablar de cómo financiar ese estado; de fiscalidad, fraude, evasión y, cómo no, de paraísos fiscales. Mi respuesta está clara: yo no creo que el mercado se regule solo. Los estados deben ser lo suficientemente fuertes como para imponer un régimen fiscal que financie los servicios sociales que presta y consiga una justa redistribución de la riqueza, que nada tiene que ver con la caridad o la responsabilidad social corporativa. Al evitar la acumulación de la riqueza en las clases dominantes no se les está librando del pecado capital de la avaricia; se está salvando al capitalismo de uno de sus principales fallos de diseño.

Pierre Joseph Proudhon allá por 1840 en su libro ¿Qué es la Propiedad? afirmaba que “¡La propiedad es imposible!”. Yo no puedo asumir una afirmación tan categórica y contraria a la contumaz realidad histórica, pero sí considero que el capitalismo necesita, aunque lo ignora, una Justicia Fiscal Global (JUFIGLO, eje central en ATTAC) para evitar que la acumulación de riqueza en una pequeña parte de la población termine parando la máquina. Y es que, además, esta acumulación de riqueza ya no es tan inofensiva como cuando se escondía formando fabulosos tesoros. Enormes cantidades de dinero controladas por un reducido grupo de operadores globales se mueven libremente en el Casino Financiero Global, especulando con una amplísima gama de activos financieros, que van desde las materias primas más básicas (energía, metales, cosechas…) hasta los complicados productos del surrealista mercado de derivados.

El sentido tradicional de los paraísos fiscales ya no sirve en el siglo XXI. Los medios tecnológicos y la liberalización de los mercados a escala global, permiten a los bancos ofrecer plataformas de negociación financiera sin intermediación, totalmente opacas a la fiscalidad de los estados. Los bancos llevan los Paraísos Fiscales a las puertas mismas de todas las grandes corporaciones y fortunas del planeta; y si pongo mayúsculas, es para que, de una vez, dejemos de asociar los segundos con playas paradisíacas y pensemos en lo que realmente son.

Los estados, asfixiados por la deuda, tratan de luchar contra el fraude y la evasión fiscal para cuadrar sus cuentas y no tener que recurrir a más recortes que empeoren aún más su imagen ante los votantes (los acuerdos FATCA entre EEUU, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España, para intercambiar datos fiscales, entraron en vigor el pasado uno de enero). Sin embargo, la banca ha creado mecanismos de negociación tan complejos (banca en la sombra o Shadow Banking, Dark Pools…) que las agencias tributarias no pueden hacer casi nada porque la injusta, ineficaz e insostenible globalización comercial y financiera neoliberal impide un control efectivo mientras existan fronteras permeables.

La Unión Europea, para los euroescépticos, nunca tuvo que ser más que un simple Acuerdo de Libre Comercio, un EFTA (European Free Trade Agreement) similar al NAFTA que comparten EEUU, México y Canadá. Y ahora nos sorprenden con la creación de una zona de libre comercio entre Europa y EEUU; como si no tuviéramos bastante con la competencia fiscal intracomunitaria, el abuso de las multinacionales con los precios de transferencia entre sus sedes y los cambios de residencia fiscal de ciudadanos ilustres a países amigos como Luxemburgo o Rusia con el caso de Gérard Depardieu.


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Lugo, España: El precio de hacer justicia


La investigación de los procesos contra la corrupción esta en manos de instructores bajo durisima presión

Por: Jeronimo Abreu, El País, 03 03 13
Pilar de Lara, una magistrada menuda y de maneras suaves, llegó en 2007 al juzgado de instrucción número 1 de Lugo y encontró una causa de la que nadie quería oír hablar. Trataba sobre un cabo de la Guardia Civil que, a cambio de favores bajo las sábanas, ofrecía a prostitutas brasileñas pasar por alto su situación irregular. De Lara, con 37 años entonces, venía de bregar en un juzgado de Mieres con el narcotráfico y casos como el de Trashorras, el exminero responsable de los explosivos del 11-M. Lugo parecía un destino tranquilo, una melancólica capital de provincia con una pertinaz lluvia desdibujando las murallas romanas.

De Lara interrogó a centenares de prostitutas, ordenó escuchas a sus clientes y registró comisarías. Levantando piedras, encontró un trazo escalofriante: una red de corrupción que desde los burdeles se extendía por la columna vertebral de Galicia como un sarcoma. La juez averiguó que mandos policiales hacían la vista gorda ante los abusos del proxeneta del Queen’s (los fundamentos del llamado caso Carioca); y desde ese mismo prostíbulo dio con una pandilla de empresarios que, sabiendo que jugaban en terreno seguro, se vanagloriaban de tener alcaldes a sueldo para conseguirles contratos y favores (la Operación Pokémon). Las pesquisas de De Lara están extendiéndose ahora a Asturias y Cataluña (Operación Manga). En total, más de un centenar de imputados por delitos de trata, abusos sexuales, tráfico de drogas, blanqueo, malversación, sobornos… Algunos de la talla de los alcaldes de Lugo, Santiago y Ourense o el jefe de Policía Municipal de esta última localidad.

El premio a la osadía de esta juez ha sido vivir aislada y rodeada de imputados que le han declarado la guerra. Amenazas, ataques políticos y confabulaciones policiales se han sucedido para intentar que De Lara abandone la ciudad.

El patrón suele repetirse: un juez recién llegado empieza a escarbar en lugares en los que no pasaba nada porque nadie removía nada. Pero resulta que sí había algo. Entonces el togado se convierte en el enemigo. Los más expuestos a estas presiones del entorno son magistrados de base que trabajan apoyándose en pocos medios y muchas tripas. Jueces que no responden a un perfil ideológico y que pueden ser tanto veteranos como bisoños. Individuos aislados que, cada uno desde su rincón del mundo, están poniendo al descubierto la corrupción que inunda todos los estamentos de un país: de sus burdeles a sus palacios.

Más detalles sobre cómo se llega a tener una ciudad en contra.

El acoso empezó por las prostitutas que declararon ante la juez. Mensajes de matones: “Márchate de Lugo o la poli irá a por ti”. De Lara, implicada con las mujeres hasta el punto de avalarlas a la hora de encontrar empleo o residencia, se esforzó para que ninguna se echara atrás. Luego las amenazas llegaron a ella y a su hija. Con la policía tampoco puede trabajar después de haber imputado a parte de su cúpula; por eso se apoya en la Guardia Civil de fuera de la provincia. Un agente confesó que le habían ofrecido 22.000 euros por demandar a la juez, y los foros policiales de Internet están llenos de insultos hacia De Lara y la otra magistrada decidida a limpiar Galicia, Estela San José, responsable de la Operación Campeón y a la que la presión sobre su vida privada ha llevado a un traumático divorcio y a querellas contra agentes. Incluso la Confederación Española de Policía denunció manejos para presionar a De Lara y boicotear su investigación.

Los políticos tampoco se han quedado cortos al acusarla de contemporizar con la intención de que las imputaciones más sonadas coincidan con citas electorales. El PSG se agarra a la única mácula que presenta el historial de independencia de De Lara: su matrimonio con Roberto Menéndez Mato, miembro del PP local, al que conoció en Asturias. En la Audiencia provincial a la juez tampoco le sobran aliados. Las presiones han sido tan acusadas que en 2011 un grupo de ciudadanos de Lugo (incluidos simpatizantes del 15-M e IU poco sospechosos de connivencias con el PP) organizaron una manifestación en apoyo de De Lara y San José.

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La libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse en todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. (Ejercito Negro Makhnovista, Ucrania, 1923).